Producción nacional
SANTO DOMINGO, RD. –
La eliminación de los aranceles establecidos para la importación de arroz ha generado preocupación e incertidumbre entre los productores dominicanos, quienes advierten que la medida podría colocar al sector en una situación de vulnerabilidad frente a la competencia internacional.
La preocupación surge luego de que el Gobierno, mediante el decreto 635-26, derogara el régimen arancelario que gravaba las importaciones de arroz procedentes de Estados Unidos.
“Podríamos decir que quisiéramos estar tranquilos, pero no es una situación que nos lleva a la tranquilidad”, admitió Marcos Rodríguez, dirigente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz).
Rodríguez sostuvo que la disposición coloca al sector en una posición vulnerable debido a que los productores nacionales no cuentan con condiciones para competir bajo una economía de escala frente al arroz importado.
Agregó que la producción nacional depende de las factorías y, en un porcentaje importante, del sector de agroquímicos, por lo que cualquier impacto negativo sobre la actividad arrocera podría extenderse a otros sectores vinculados a la cadena productiva.
Temen reducción de la producción
El dirigente de Fenarroz advirtió que el nuevo escenario podría derivar en una reducción de la producción nacional de arroz y provocar que algunas tierras actualmente destinadas a este cultivo sean utilizadas para otros productos agrícolas.
A su juicio, esto podría generar posteriormente una sobreoferta de otros rubros agropecuarios, con consecuencias para los productores.
“Somos vulnerables totalmente, todo el país y nosotros los productores. No tenemos las condiciones para competir en la economía de escala. Entonces nosotros nos sentimos ahora mismo en una situación de que sería hasta difícil qué es lo que va a pasar porque casi nadie se atreve a decir a dónde va el sector, qué puede pasar”, reconoció Rodríguez.
La medida fue firmada el pasado 9 de septiembre por el presidente Luis Abinader y deroga el decreto 642-24, que establecía un arancel de 20 % ad valorem a las cuotas de importación de arroz provenientes de Estados Unidos.
Productores señalan presiones de Estados Unidos
Rodríguez no descartó que la decisión esté relacionada con presiones de Estados Unidos para que fuera eliminado el régimen arancelario.
El dirigente de Fenarroz expresó preocupación porque, según explicó, la medida fue conocida públicamente el pasado lunes 5 de octubre, pese a que el decreto había sido firmado desde principios de septiembre.
“Nosotros no sabíamos nada, ahora es que nos hemos enterado, entonces eso es de preocupación para nosotros, ayer en la tarde fue que nos enteramos de esta situación”, manifestó.
Rodríguez explicó que representantes del sector fueron convocados previamente al Palacio Nacional, donde se les informó que Estados Unidos había planteado la derogación del decreto y que una comisión gubernamental intentaría responder a esas exigencias.
Confenagro advierte sobre golpe a la producción nacional
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) también manifestó su preocupación y advirtió que la decisión constituye un “golpe a la producción nacional de arroz”.
La organización pidió al Gobierno explicar cómo pretende proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria ante el nuevo escenario comercial.
Confenagro señaló que cualquier modificación de las condiciones de importación debe tomar en cuenta sus efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades que dependen de la producción arrocera, además de sus posibles repercusiones sobre el abastecimiento y los precios al consumidor.
La entidad recordó que el decreto establecía que sus disposiciones permanecerían vigentes hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomendara lo contrario, sustentado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica.
Por ello, solicitó aclarar si la derogación estuvo precedida de dicha recomendación y reclamó que sean públicos los documentos utilizados como fundamento para adoptar la decisión.
Sector genera cientos de miles de empleos
Confenagro recordó que el sector arrocero reúne alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos.
La organización sostuvo que las diferencias existentes en escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos hacen necesario establecer mecanismos que permitan una competencia equitativa.
Asimismo, pidió convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar medidas que permitan preservar la producción nacional y establecer reglas claras para las próximas cosechas.
A 22 años de la firma del DR-CAFTA, Confenagro consideró necesario ejecutar un programa de transformación del sector arrocero con metas, presupuesto y plazos verificables.
“Ese esfuerzo debe incluir mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y fortalecimiento de la comercialización, con acceso efectivo para los pequeños y medianos productores”, expuso la organización en un comunicado de prensa.
Agricultura dice que no significa abandono
Ante las preocupaciones expresadas por los productores, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la derogación del decreto relacionado con el régimen arancelario del arroz no significa que el Gobierno haya abandonado al sector arrocero ni que haya renunciado a proteger la producción nacional.
“Como ministro de Agricultura, y como una persona que conoce profundamente la realidad del campo, puedo decir con claridad que este Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros. El arroz es un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte esencial de la economía rural dominicana”, expresó mediante un comunicado de prensa.
El funcionario explicó que la decisión responde a una visión de Estado y a compromisos comerciales que el país debe manejar con responsabilidad, sin que esto implique renunciar a la defensa de la producción nacional.
Espaillat consideró que la medida podría abrir la posibilidad de trabajar en mejores condiciones para una eventual renegociación, sobre una base que calificó de más sólida, técnica y conveniente para los intereses nacionales.
El debate, sin embargo, deja sobre la mesa una preocupación central para los productores: cómo garantizar que la apertura comercial no termine debilitando la producción nacional de un alimento estratégico para la seguridad alimentaria del país.
