Crisis en el sector agropecuario
SANTO DOMINGO, RD. –
Los representantes del sector arrocero rechazaron las ocho medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la eliminación del decreto que protegía al arroz dominicano frente a las importaciones procedentes de Estados Unidos, al considerar que las propuestas no ofrecen una solución concreta a la crisis que enfrenta la producción nacional.
Tras una reunión con una delegación gubernamental encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, los productores manifestaron su preocupación por el futuro de la actividad arrocera y advirtieron que las medidas anunciadas no garantizan condiciones de competencia frente al producto importado.
“Hoy nos vamos bien preocupados, porque las medidas no llenan el vacío de nosotros ser competitivos”, expresó Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), al concluir el encuentro.
Rodríguez sostuvo que el Gobierno debe buscar alternativas que permitan renegociar las condiciones comerciales o establecer mecanismos para equilibrar la competencia entre los productores dominicanos y los estadounidenses.
Advirtió que, si el arroz importado entra al mercado bajo condiciones que impidan competir a los productores locales, la actividad arrocera dominicana podría desaparecer progresivamente, con consecuencias para miles de familias que dependen de su cultivo.
Soberanía alimentaria en el centro del debate
La preocupación del sector no se limita a la rentabilidad de las cosechas. Los productores consideran que también está en juego la capacidad del país para garantizar su abastecimiento de arroz mediante la producción nacional.
Heraldo Suero, director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), reconoció que las medidas presentadas por el Gobierno tienen aspectos valiosos, pero insistió en que la discusión debe abordar el futuro de la soberanía alimentaria dominicana.
“La soberanía alimentaria es la que está en juego”, afirmó Suero, quien planteó la necesidad de alcanzar nuevos entendimientos bilaterales sin comprometer la sostenibilidad de la producción nacional.
El representante del sector defendió que la producción de arroz en territorio dominicano debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones comerciales y agrícolas del Estado.
El conflicto coloca sobre la mesa una discusión de interés nacional: cómo cumplir los compromisos comerciales internacionales sin debilitar a los productores locales ni poner en riesgo una actividad esencial para la alimentación de la población.
¿Cuáles son las ocho medidas anunciadas por el Gobierno?
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, explicó que las acciones buscan mejorar la productividad, reducir costos y fortalecer la sostenibilidad de la actividad arrocera.
Entre las medidas anunciadas figuran:
- Creación de un fondo especializado para impulsar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del sector arrocero.
- Fortalecimiento del financiamiento a tasas preferenciales, con énfasis en los pequeños y medianos productores, además de ampliar el apoyo al seguro agropecuario.
- Ampliación de la certificación de semillas y adopción de nuevas variedades, acompañada de investigaciones y desarrollo tecnológico para elevar el rendimiento por área cultivada.
- Asistencia técnica directa en las fincas, mediante programas focalizados de acompañamiento a los productores.
- Mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, junto con un plan nacional de nivelación de terrenos para pequeños y medianos arroceros.
- Ampliación de la construcción y mantenimiento de caminos vecinales e interparcelarios en las zonas productoras.
- Priorización del arroz en los programas de mecanización agrícola, con énfasis en los pequeños y medianos productores, así como el fortalecimiento de la fertirrigación para la producción nacional.
- Revisión de la política de comercialización del arroz, incluyendo el pesaje, la tara y los porcentajes de humedad, además de incorporar programas de compra directa del Gobierno.
Incentivos frente a una crisis estructural
Bautista recordó que el arroz constituye un alimento fundamental para los dominicanos y representa el sustento económico de miles de familias campesinas.
Sin embargo, el rechazo de los productores evidencia una diferencia entre el enfoque gubernamental, centrado en mejorar las condiciones productivas, y la demanda del sector, que reclama garantías para competir en el mercado.
El punto central no es únicamente producir más, sino hacerlo en condiciones que permitan sostener la rentabilidad de las fincas, conservar los empleos rurales y garantizar la permanencia de la producción nacional.
La entrega de financiamiento, semillas mejoradas, asistencia técnica e infraestructura puede contribuir a elevar la productividad. No obstante, los arroceros sostienen que esos esfuerzos resultarán insuficientes si persisten las dificultades para competir con el arroz importado.
La discusión también plantea interrogantes sobre los mecanismos que utilizará el Estado para proteger la estabilidad del sector dentro de los compromisos comerciales asumidos por el país.
Por ahora, los productores aseguran que regresan a sus actividades sin una respuesta que satisfaga sus principales preocupaciones.
La pregunta que queda abierta es si las ocho medidas anunciadas serán suficientes para preservar la producción arrocera dominicana o si el Gobierno tendrá que buscar una salida adicional que concilie el comercio internacional con la seguridad alimentaria y la supervivencia económica de miles de familias rurales.
