Cuestionamientos al concurso interno del Ministerio Público
SANTO DOMINGO, RD. –
La falta de información sobre las puntuaciones obtenidas y los criterios utilizados para excluir a participantes del concurso interno convocado para seleccionar a los titulares de 38 dependencias del Ministerio Público ha generado inconformidad entre fiscales y procuradores, quienes cuestionan la transparencia del proceso y reclaman explicaciones sobre la evaluación de sus expedientes.
Los miembros de la carrera que no avanzaron a la fase de entrevistas aseguran que fueron notificados de que sus postulaciones no superaron las etapas de evaluación del historial laboral, la formación académica y las habilidades blandas.
Sin embargo, afirman que desconocen cuántos puntos obtuvieron en cada componente, cuáles aspectos incidieron en sus calificaciones y las razones particulares por las que quedaron fuera de la selección.
“Yo no reclamo que me hayan descartado. Lo que quiero saber es dónde fue que yo fallé y dónde tengo que mejorar. Según las bases del concurso, yo iba a tener una calificación antes de que se convocara a las entrevistas, pero me descartan y ya están convocando a las entrevistas”, expresó uno de los magistrados consultados, quien pidió mantener su identidad en reserva.
La inconformidad no se limita a las decisiones de la comisión evaluadora, sino también a la ausencia de información que permita a los concursantes conocer cómo fueron ponderados sus méritos profesionales y ejercer efectivamente su derecho a solicitar una revisión.
Notificaciones sin desglose de las calificaciones
La situación está documentada en varias comunicaciones personales remitidas a participantes del concurso y examinadas para esta publicación.
Las cartas están encabezadas con la fórmula «Señor (a)», seguida del nombre del aplicante y el tratamiento genérico «Distinguido (a) Magistrado (a)», sin identificar individualmente a los destinatarios por su nombre y género en el saludo.
En los documentos, la Comisión Evaluadora informa que “luego de concluir la valoración del historial laboral, las acreditaciones académicas y la prueba de habilidades blandas, las postulaciones no alcanzaron avanzar a la etapa de entrevistas ante el Consejo Superior del Ministerio Público”.
Sin embargo, las comunicaciones no incluyen el desglose de las puntuaciones, los criterios en los que los participantes obtuvieron menores calificaciones ni las razones particulares de su exclusión.
“¿En qué fallé? ¿Qué habilidad blanda no tengo para dirigir?”, cuestionó otro de los magistrados consultados, quien aseguró haber ocupado distintas posiciones dentro de la institución, no tener sanciones disciplinarias y contar con formación académica de posgrado, además de publicaciones en medios de comunicación.
Los participantes sostienen que su trayectoria profesional, las responsabilidades desempeñadas, su preparación académica y otros méritos debieron ser ponderados conforme a los parámetros establecidos en las bases del concurso.
A su juicio, la falta de explicaciones les impide determinar si su experiencia y competencias fueron valoradas de acuerdo con los criterios previamente establecidos.
Reclaman garantías para solicitar una revisión
Uno de los principales cuestionamientos de los participantes es que las notificaciones tampoco explican cómo ejercer el mecanismo de revisión previsto en las bases del concurso.
Según el documento que regula el proceso, una vez completadas las fases correspondientes, los participantes deberán recibir una notificación directa con el puntaje obtenido. Además, contempla un plazo de cinco días hábiles para solicitar la revisión de la decisión sobre sus postulaciones ante el Consejo Superior del Ministerio Público, a través de la Secretaría de ese órgano.
No obstante, los magistrados consultados consideran que conocer únicamente que no avanzaron a las entrevistas, sin recibir las puntuaciones ni las razones específicas de la decisión, los coloca en una situación de incertidumbre al momento de fundamentar una eventual reconsideración.
“Si mi expediente valía 25 puntos, pero usted me puso 19, explíqueme por qué. Si me faltó determinada experiencia, dígame dónde perdí los puntos. Yo puedo reconocerlo, pero necesito saber qué fue lo que se evaluó”, manifestó otro de los fiscales.
Los reclamos también plantean interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de motivación, transparencia y objetividad que deben orientar las actuaciones administrativas.
En ese contexto, los participantes invocan la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. Su artículo 6 establece deberes de las instituciones públicas relacionados con la motivación de sus actuaciones, mientras que el artículo 9, párrafo II, dispone que la motivación constituye un requisito de validez de los actos administrativos que se pronuncien sobre derechos o tengan un contenido discrecional.
Por su parte, la Ley 41-08 de Función Pública reconoce la carrera del Ministerio Público como una carrera administrativa especial, cuyo régimen se desarrolla mediante disposiciones específicas.
Los participantes consideran que las decisiones del concurso deben poder conocerse, verificarse y revisarse a partir de criterios objetivos y resultados individualizados.
Cuestionan rapidez del proceso de selección
Otro de los aspectos que ha generado inquietud entre los fiscales es la rapidez con que se desarrollaron las últimas etapas del concurso, convocado el 22 de junio de 2026.
Uno de los magistrados explicó que esperaba conocer los resultados de las evaluaciones antes del inicio de las entrevistas ante el Consejo Superior, pero aseguró que recibió la notificación de exclusión cuando ya se estaba convocando a los participantes que continuarían en el proceso.
“Las bases no establecen un cronograma específico. Se suponía que en octubre se tenía que estar dando forma a lo que son las entrevistas y nos encontramos de repente con que el jueves empiezan a convocar, comenzando desde el domingo las entrevistas. Esa es la situación”, relató.
Los entrevistados también señalaron que la proximidad de las elecciones para escoger a los nuevos integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, previstas para el 5 de diciembre, ha generado interrogantes sobre la premura para concluir la selección de las titularidades antes de la conformación del nuevo órgano.
Varios miembros del Ministerio Público que participaron en el concurso reconocieron que existe incertidumbre y malestar dentro de la institución, pero decidieron no pronunciarse públicamente por temor a posibles consecuencias derivadas de sus declaraciones.
Las 38 titularidades que están en concurso
El concurso interno tiene como finalidad cubrir 38 posiciones cuyos períodos de designación se encuentran vencidos, distribuidas entre fiscalías, procuradurías regionales, procuradurías especializadas y departamentos de abogados del Estado.
De acuerdo con las bases publicadas por el Consejo Superior del Ministerio Público y la Dirección General de Carrera, las plazas están distribuidas de la siguiente manera:
- 22 procuradores fiscales titulares.
- 6 procuradores generales de corte titulares de procuradurías regionales.
- 6 titulares de procuradurías especializadas.
- 4 abogados del Estado.
Entre las fiscalías convocadas figuran las de Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Constanza, Jarabacoa, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo Oeste.
También están las procuradurías regionales de Santiago, Duarte, Montecristi, San Cristóbal, Barahona y San Pedro de Macorís, además de seis procuradurías especializadas, entre ellas la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Antidrogas, Delitos Electorales y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Así se distribuyen los puntos del concurso
Las bases establecen una valoración de hasta 100 puntos, distribuida entre el historial laboral, la formación académica y la entrevista de selección. Además, contemplan una prueba de habilidades blandas con un mínimo de aprobación de 80 %.
El historial laboral representa 65 puntos y toma en cuenta las posiciones ocupadas, las funciones de dirección y coordinación, las sentencias de casos relevantes y las publicaciones en periódicos, revistas indexadas y otros medios que permitan comprobar los méritos profesionales de los participantes.
La formación académica tiene una ponderación de 20 puntos, con asignaciones específicas para cursos, talleres, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados.
La entrevista ante el Consejo Superior representa los 15 puntos restantes.
Por su parte, la prueba de habilidades blandas está destinada a medir competencias individuales, sociales y gerenciales que inciden en el desempeño profesional y en la capacidad para dirigir equipos.
El comité evaluador está integrado por representantes de la Dirección General de Carrera, la Dirección General de Persecución y un procurador adjunto designado por la procuradora general, quienes tienen a su cargo supervisar las distintas fases del proceso.
Ante las inconformidades expresadas, los participantes reclaman que las autoridades expliquen cómo aplicaron los criterios de evaluación, entreguen las puntuaciones individuales y garanticen información suficiente para que quienes quedaron fuera puedan ejercer el mecanismo de revisión establecido.
“Estamos hablando de una institución pública y la transparencia debe ser un eje transversal de todo. No me puedes decir simplemente que no pasé a la fase de entrevista; dime dónde me quitaron los puntos”, concluyó uno de los magistrados consultados.































