BAUTISTA LÓPEZ GARCÍA
La crisis política e institucional que atraviesa Paraguay, a raíz de las acusaciones contra el presidente Santiago Peña y la intervención de Ueno Bank, ha colocado en el centro del debate nacional una cuestión que trasciende la estabilidad de un gobierno: los límites de la relación entre el poder económico privado y las instituciones del Estado.
Lo que comenzó como una crisis financiera terminó convirtiéndose en una confrontación política y constitucional de grandes dimensiones. El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
A partir de ese escenario, las responsabilidades políticas del presidente Santiago Peña pasaron a ocupar el centro de la controversia. Las acusaciones formuladas contra el mandatario están relacionadas con sus antiguos vínculos accionarios con Ueno Holding, conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank, así como con decisiones gubernamentales y actuaciones de organismos públicos que, según los acusadores, habrían favorecido intereses relacionados con ese grupo económico.
Entre los principales señalamientos figuran el presunto conflicto de intereses derivado de su participación accionaria, que mantuvo hasta marzo de 2025; el nombramiento de Carlos Carvallo, antiguo ejecutivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central; y las modificaciones normativas relacionadas con la regulación de los conflictos de intereses.
Otro aspecto especialmente delicado es la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá y otras instituciones públicas en Ueno Bank. Los legisladores que impulsan la acusación sostienen que se habrían concentrado recursos por encima de los límites establecidos en la normativa financiera, exponiendo fondos pertenecientes a trabajadores, pensionados y al patrimonio público.
Las imputaciones también cuestionan la actuación de las autoridades reguladoras frente a las señales de deterioro financiero de la entidad y las operaciones con empresas vinculadas a sus accionistas.
Estos señalamientos fueron recogidos en el libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre de 2026. Su gravedad radica en que ponen bajo escrutinio la posible utilización de instituciones estatales para favorecer intereses económicos particulares. No obstante, corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades individuales y determinar cuáles de los hechos denunciados pueden ser demostrados.
El juicio político y los límites constitucionales
La Constitución paraguaya de 1992, en su artículo 225, establece el procedimiento de juicio político contra el presidente y otros altos funcionarios del Estado. Este mecanismo constituye una vía de responsabilidad constitucional, diferenciada de los procesos penales ordinarios.
La normativa contempla tres causales para someter a un funcionario a juicio político: mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes.
El procedimiento comprende dos etapas. La primera corresponde a la Cámara de Diputados, facultada para formular la acusación, cuya aprobación requiere una mayoría de dos tercios de los votos.
En el caso de Santiago Peña, la Cámara Baja aprobó el libelo acusatorio el 5 de noviembre de 2026, con 78 votos favorables, y designó a los legisladores que representarían la acusación ante el Senado.
La segunda etapa corresponde a la Cámara de Senadores, que se constituye en tribunal político y debe conocer los argumentos de la acusación, garantizar el derecho de defensa, examinar los elementos presentados y adoptar una decisión.
Para declarar culpable al presidente y separarlo de sus funciones se necesitan dos tercios de la totalidad de los integrantes del Senado, equivalentes a 30 de sus 45 miembros.
Por tanto, la aprobación de la acusación en Diputados no significa automáticamente la destitución del presidente. La decisión definitiva corresponde al Senado, que debe actuar conforme a las garantías establecidas por la Constitución.
La crisis adquirió una dimensión adicional cuando Peña presentó su renuncia a la Presidencia mientras avanzaba el juicio político. Sin embargo, la sesión conjunta del Congreso convocada para conocerla no pudo concluir por falta de cuórum, por lo que el mandatario permaneció formalmente en el cargo mientras continuaba el procedimiento.
El 6 de noviembre, el Senado inició las actuaciones correspondientes al juicio político y recibió a los representantes de la acusación. Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al considerar insuficiente el tiempo concedido. Sus abogados comparecieron ante la Cámara Alta y cuestionaron la validez del procedimiento.
Esta situación plantea una cuestión jurídica relevante: cuáles son los efectos de una renuncia presidencial que no ha sido aceptada formalmente y cómo se relaciona con un procedimiento de juicio político que ya se encuentra en marcha.
Si el Senado declara culpable al mandatario, la consecuencia inmediata será su separación del cargo. Además, esa decisión no impedirá que la justicia ordinaria investigue y conozca los hechos que pudieran constituir delitos.
Existe también una consecuencia institucional relacionada con la condición de senador vitalicio que corresponde a los expresidentes paraguayos. Según informaciones publicadas por la agencia EFE, una destitución mediante juicio político impediría a Peña acceder a esa condición, a diferencia de una salida de la Presidencia por renuncia.
Responsabilidad política y responsabilidad penal
Para comprender el alcance de esta crisis es necesario distinguir dos ámbitos de responsabilidad.
El juicio político determina si existen razones constitucionales suficientes para separar al presidente de sus funciones. La justicia ordinaria, por su parte, debe establecer si se cometieron delitos y quiénes son responsables penalmente.
El Ministerio Público paraguayo mantiene investigaciones relacionadas con el caso Ueno, incluida una causa contra Santiago Peña por presunta lesión de confianza y otros hechos denunciados. De acuerdo con informaciones publicadas por ABC Color, estas investigaciones fueron asignadas a fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Las actuaciones también alcanzan a antiguos directivos de Ueno Bank, contra quienes se han presentado imputaciones por presuntas irregularidades financieras, administración fraudulenta y otros hechos punibles.
Es importante precisar que la apertura de una investigación no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponde al Ministerio Público reunir las pruebas, individualizar las responsabilidades y, cuando proceda, presentar las acusaciones ante los tribunales competentes.
En consecuencia, el desenlace del juicio político y el resultado de las investigaciones penales constituyen procesos distintos, aunque relacionados por los hechos que les sirven de fundamento.
La dimensión geopolítica de la crisis
La situación de Santiago Peña también tiene una dimensión internacional que merece atención.
El mandatario paraguayo participó el 7 de marzo de 2026 en la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump en Miami, donde suscribió la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas. Posteriormente, volvió a participar en un encuentro de esta iniciativa en septiembre, junto a otros gobernantes de la región.
Estos acontecimientos sitúan a Paraguay dentro del grupo de países que han asumido compromisos de cooperación con Washington en materia de seguridad y coordinación hemisférica.
Desde una perspectiva geopolítica, la participación de Peña proyecta a su gobierno como un aliado estratégico de Estados Unidos en el Cono Sur y como parte de la articulación regional promovida por Trump.
Sin embargo, esta relación no debe analizarse exclusivamente desde el ámbito de la seguridad. También expresa el interés de Washington en fortalecer su influencia política y estratégica en América Latina, en un escenario de competencia entre grandes potencias.
La crisis institucional paraguaya se desarrolla, por tanto, en un contexto internacional en el que las alianzas políticas y estratégicas también forman parte de los intereses que rodean el ejercicio del poder.
El poder económico frente al interés colectivo
Desde la perspectiva de la economía política, el caso paraguayo expresa una contradicción estructural del capitalismo contemporáneo: la creciente interpenetración entre los intereses del capital privado y las instituciones del Estado.
Cuando los grupos económicos adquieren capacidad de influencia sobre las decisiones gubernamentales, los organismos reguladores y la administración de los recursos públicos, la frontera entre el interés colectivo y el beneficio empresarial corre el riesgo de debilitarse.
El problema no radica en la existencia de empresas privadas ni en su participación en la economía, sino en la posibilidad de que sus intereses particulares condicionen decisiones públicas que deben responder al conjunto de la sociedad.
Esta preocupación adquiere mayor relevancia cuando se trata de fondos pertenecientes a instituciones de seguridad social y organismos públicos.
Los recursos del sistema de pensiones no constituyen capital disponible para satisfacer conveniencias particulares. Son fondos vinculados a los derechos y la seguridad económica de trabajadores y pensionados. Su administración exige transparencia, independencia institucional, prudencia financiera y controles efectivos.
Por eso, las denuncias relacionadas con las colocaciones de recursos públicos en Ueno Bank representan uno de los componentes más sensibles de la crisis y requieren investigaciones rigurosas, independientemente del desenlace político de Santiago Peña.
La situación también demuestra que la estabilidad de un gobierno no puede descansar exclusivamente en sus mayorías parlamentarias, alianzas económicas o relaciones internacionales. El ejercicio del poder público está sujeto a responsabilidades constitucionales y mecanismos de rendición de cuentas.
Una prueba para la democracia paraguaya
Paraguay enfrenta una prueba institucional que va mucho más allá de la permanencia de Santiago Peña en la Presidencia.
Lo que está en discusión es la capacidad del Estado para proteger los recursos colectivos frente a posibles intereses particulares, garantizar la independencia de sus organismos reguladores y asegurar que el poder económico no sustituya la voluntad de las instituciones democráticas.
El desenlace del juicio político deberá producirse dentro de las reglas constitucionales, respetando el derecho de defensa y las garantías del procedimiento. Al mismo tiempo, las investigaciones judiciales tendrán que establecer, con pruebas y responsabilidades individualizadas, la veracidad de las imputaciones formuladas.
La cuestión de fondo, sin embargo, permanece: ¿hasta dónde puede llegar la influencia del capital privado sobre las decisiones de un gobierno sin comprometer la independencia de las instituciones públicas?
La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la inmunidad de sus gobernantes ni por el poder económico de los grupos que los rodean, sino por la capacidad de sus instituciones para someter el ejercicio del poder a la Constitución, fiscalizar los intereses privados y defender los recursos que pertenecen a la sociedad.
REFERENCIAS DOCUMENTALES Y PERIODÍSTICAS
Documentos oficiales
- Banco Central del Paraguay. (3 de noviembre de 2026). Banco Central inicia el procedimiento de resolución de Ueno Bank.
https://www.bcp.gov.py/web/institucional/w/banco-central-inicia-el-procedimiento-de-resolucion-de-ueno-bank/ - Cámara de Diputados del Paraguay. (5 de noviembre de 2026). Diputados aprueba juicio político al presidente de la República, Santiago Peña.
https://diputados.gov.py/noticias/noticias/3243 - Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992). Artículo 225.
https://www.bacn.gov.py/leyesparaguayas/9580/constitucion-nacional - Presidencia de la República del Paraguay. (7 de marzo de 2026). El Presidente Peña participó en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump.
https://www.presidencia.gov.py/noticias/el-presidente-pena-participo-en-la-cumbre-escudo-de-las-americas-convocada-por-donald-trump/
Referencias periodísticas
- El Observador. (5 de noviembre de 2026). Santiago Peña pasó de la renuncia a la defensa y el Senado lo citó para este viernes en el juicio político.
- Agencia EFE. (6 de noviembre de 2026). El Senado de Paraguay comienza el juicio político contra el presidente Santiago Peña.
- ABC Color. (6 de noviembre de 2026). Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza.
