LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NUEVO CÓDIGO PENAL
SANTO DOMINGO, RD. –
El riesgo de autocensura, la posibilidad de utilizar los procesos penales para intimidar a periodistas y las amenazas al escrutinio del poder centraron las preocupaciones expresadas durante el panel “Libertad de Expresión, Periodismo y Medios de Comunicación frente al Nuevo Código Penal”, celebrado en el marco del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
Los periodistas Odalis Castillo, Elvin Castillo y Jennifer Sepúlveda coincidieron en la importancia de proteger el honor y la reputación de las personas, pero cuestionaron el alcance de la respuesta penal frente a determinadas expresiones y defendieron mecanismos que garanticen el derecho a investigar, denunciar y recibir información de interés público.
El panel, moderado por Kelvin Herrera, formó parte del encuentro organizado por ADOCCO el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
Odalis Castillo advierte sobre el miedo a investigar
La periodista Odalis Castillo sostuvo que la libertad de expresión es esencial para la democracia y que el periodismo desempeña una función de fiscalización del poder público.
Advirtió que el temor a enfrentar consecuencias penales puede llevar a los periodistas a desistir de investigar o denunciar, incluso antes de comprender plenamente el alcance de las disposiciones legales.
Castillo llamó a distinguir entre la intimidad de un funcionario y aquellos aspectos personales que adquieren relevancia pública por su relación con el ejercicio del cargo o el manejo de recursos del Estado.
También cuestionó la necesidad de ofrecer mayor claridad sobre el concepto de “verificación razonable”, para evitar interpretaciones que generen incertidumbre entre quienes desarrollan investigaciones periodísticas sustentadas en documentos y fuentes contrastadas.
Aunque reconoció la obligación profesional de verificar los datos y procurar pruebas, planteó evaluar alternativas como la rectificación y las sanciones económicas frente a las afectaciones al honor, sin comprometer el acceso de la ciudadanía a informaciones de interés público.
Elvin Castillo cuestiona el uso intimidatorio de la ley
Por su parte, Elvin Castillo reconoció que la comunicación digital ha ampliado la participación ciudadana, pero también ha facilitado la desinformación, los ataques a la reputación y la difusión de contenidos perjudiciales con fines económicos.
Consideró que esos abusos requieren respuestas legales, aunque cuestionó el alcance de la vía penal y defendió la posibilidad de abordarlos mediante una legislación especial.
El comunicador advirtió que sectores políticos, empresariales u otros grupos de poder podrían utilizar los procesos penales para amedrentar al periodismo, especialmente en un contexto de debilidades institucionales.
Sostuvo que la investigación profesional debe continuar respaldada por documentos, pruebas y contraste de fuentes. Sin embargo, señaló que el temor a las consecuencias legales ya genera preocupación entre miembros de la comunidad periodística y puede traducirse en autocensura.
Asimismo, pidió precisar la responsabilidad de las empresas de comunicación por las actuaciones de sus empleados o de quienes arriendan espacios, a fin de establecer con claridad las obligaciones de supervisión que corresponden a cada relación contractual.
Jennifer Sepúlveda pide proteger el honor sin prisión
Jennifer Sepúlveda planteó que el debate debe centrarse en determinar cuáles mecanismos son adecuados para proteger el honor y la reputación, ponderando los derechos fundamentales en conflicto.
Defendió que la difamación y la injuria puedan tratarse en la jurisdicción civil o, al menos, sin penas de prisión. También distinguió esas conductas del chantaje y la extorsión, que consideró hechos de naturaleza diferente.
“Nos bajaron las penas, o la pena, pero no nos quitaron la reja”, expresó al cuestionar que se mantenga la posibilidad de encarcelamiento por delitos relacionados con expresiones.
La expositora señaló que el efecto inhibidor puede reflejarse en preguntas que dejan de formularse, nombres que no se mencionan e investigaciones que nunca llegan a publicarse.
También destacó el papel de los tribunales en la interpretación de las disposiciones legales y en la protección de los derechos fundamentales.
“Un país donde se encarcela por hablar no es más honrado, es más callado”, concluyó.
Debate sobre garantías para el ejercicio periodístico
Durante la moderación, Kelvin Herrera llamó la atención sobre el impacto que puede tener el sometimiento a un proceso penal, incluso antes de que se determine si existe una infracción, y planteó la necesidad de discutir garantías para los casos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Las intervenciones coincidieron en que la protección del honor y la reputación debe armonizarse con el derecho a la información, la investigación periodística y la crítica ciudadana.
El debate deja planteado un desafío para la sociedad dominicana: cómo sancionar los abusos sin crear condiciones que desalienten las denuncias, debiliten la fiscalización del poder o conviertan el temor a una querella en una barrera para informar.
La discusión sobre el nuevo Código Penal, por tanto, no se limita a las consecuencias jurídicas de determinadas expresiones. También alcanza la calidad de la democracia, la transparencia institucional y las garantías necesarias para que el periodismo pueda cumplir su función social.
