SANTO DOMINGO, RD. –
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoró la entrada en vigencia de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al considerar que representa un paso importante hacia la modernización del sistema de justicia penal.
Además, Adocco consideró el fortalecimiento del marco jurídico para prevenir y sancionar la corrupción administrativa en la República Dominicana.
La entidad sostuvo que la nueva legislación incorpora herramientas legales que amplían la capacidad del Estado para perseguir conductas que afectan el patrimonio público, al tiempo que fortalece la responsabilidad de funcionarios públicos, servidores del Estado y personas físicas y jurídicas involucradas en actos de corrupción.
Entre los principales avances, ADOCCO destacó el fortalecimiento de figuras penales como la corrupción pública, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses, la malversación de fondos públicos, el peculado y la sobrevaluación ilegal en las contrataciones públicas, estableciendo sanciones más severas, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar funciones públicas.
La organización también resaltó la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que este cambio representa un avance significativo para el sector empresarial, debido a que las empresas podrán responder penalmente por determinados delitos cuando no implementen mecanismos adecuados de prevención y control.
En ese sentido, señaló que los programas de compliance adquieren un papel fundamental para fortalecer la integridad corporativa, reducir riesgos legales y promover una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.
Asimismo, ADOCCO valoró que el nuevo Código Penal incluya disposiciones destinadas a proteger la independencia de la administración pública y el correcto funcionamiento del sistema de justicia, mediante sanciones contra conductas como la intimidación a funcionarios públicos y el ultraje en el ámbito jurisdiccional.
No obstante, la organización precisó que la efectividad de estas disposiciones dependerá de una aplicación objetiva e independiente de la ley, así como del fortalecimiento de las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos contra la administración pública.
En ese contexto, reiteró su respaldo a la propuesta de crear una comisión técnica que evalúe la aplicación práctica del nuevo Código Penal, con el propósito de identificar posibles mejoras a partir de la experiencia que genere su implementación.
Como parte de sus iniciativas de formación ciudadana, ADOCCO anunció la celebración del I Seminario Nacional «Impacto del Nuevo Código Penal en la Transparencia, la Libertad de Expresión y la Lucha contra la Corrupción», previsto para septiembre de 2026 en Santo Domingo.
El encuentro reunirá a especialistas para analizar los principales cambios introducidos por la nueva legislación, con énfasis en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento normativo, la protección de la libertad de expresión y los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción.
Finalmente, la organización exhortó a las instituciones públicas, al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a conocer el contenido del nuevo Código Penal, al considerar que la transparencia, la integridad y el respeto al Estado de derecho requieren tanto de una legislación moderna como de instituciones sólidas y una ciudadanía comprometida con la legalidad.
