Anny Minerva Jáquez Reyes
Hay expresiones que sobreviven a las generaciones porque, aunque cambien los nombres, los uniformes y los gobiernos, algo de la historia que las produjo permanece. “Carta blanca” es una de ellas.
La usamos cuando alguien parece tener permiso para hacer lo que quiera, sin límites y sin consecuencias. Cuando se habla de una “carta blanca para matar”, se habla de algo mucho más grave: la percepción de que quitarle la vida a una persona puede quedar impune. No es un permiso escrito. Es la sensación de que hay vidas que pueden quitarse y muertes que nadie tendrá que explicar.
En la memoria dominicana también están “los cirujanos” y los “liquidadores”, términos que aparecieron en antiguas denuncias y reportajes sobre abusos y violencia policial. No debemos convertir esas denominaciones, sin evidencia, en protocolos oficiales. Pero sí forman parte de una memoria social que no podemos borrar.
Hoy circula otra expresión: “poner en 29”. La Policía Nacional ha negado que exista un “Código 29” como protocolo institucional para matar, y jurídicamente hay que ser rigurosos: no se puede afirmar que exista una orden oficial de ese tipo sin pruebas que lo demuestren.
Pero hay preguntas que sí debemos hacernos. ¿Por qué una sociedad empieza a usar una expresión como esa para nombrar la muerte de alguien durante una intervención policial? ¿Por qué vuelve a instalarse en nuestro lenguaje la idea de que determinadas personas pueden ser eliminadas sin que el Estado explique lo ocurrido? Y, sobre todo: ¿estamos frente a una nueva versión de la vieja “carta blanca” o frente a una sociedad que ha terminado normalizando la muerte como herramienta de seguridad?
No tengo interés en defender delincuentes. Tengo interés en defender el derecho, y esa diferencia importa.
La seguridad no puede construirse con cadáveres
Reconocer que existe la delincuencia y que las víctimas necesitan justicia no significa aceptar que el Estado responda al delito fuera de la ley. Una cosa es perseguir el crimen y otra, muy distinta, convertir la muerte en una respuesta de seguridad. Quien delinque debe responder ante la justicia; quien ejerce la fuerza en nombre del Estado también debe responder cuando cruza los límites de la ley.
Por eso esta discusión no enfrenta a la delincuencia con la Policía. Enfrenta la seguridad con la impunidad, venga de donde venga. Y ahí surge la pregunta: ¿qué ocurre cuando matar empieza a parecer una estrategia de seguridad?
La propia Policía Nacional informó el 2 de octubre que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes de búsqueda y captura, correspondientes a 50,865 personas. La base incluye órdenes por violencia intrafamiliar, robos, agresiones, delitos sexuales, homicidios y otros delitos. Esa cifra revela un problema institucional profundo: hay víctimas esperando, familias esperando, procesos detenidos, y personas que siguen en libertad.
¿Por qué el Estado llega tarde? ¿Por qué no encuentra, no investiga, no captura, no procesa? Y, sobre todo, ¿por qué la respuesta parece concentrarse tanto en el momento final de la persecución? Perseguir a quien delinque es responsabilidad del Estado. Pero llegar antes también lo es.
Antes del delincuente estuvo el niño
Esta es la parte de la discusión que más me interesa. Quiero hablar de los niños y las niñas que nacen en barrios donde la pobreza no es una estadística, sino la dirección de la casa. De quienes crecen viendo la violencia como una forma cotidiana de resolver conflictos y aprenden demasiado temprano que manda quien tiene más fuerza. De quienes tienen escuela, pero no necesariamente oportunidades, y al salir de clases no encuentran una cancha donde jugar.
No hay biblioteca, ni centro cultural, ni escuela de música, ni teatro. No hay suficientes programas deportivos ni acompañamiento psicosocial. No hay suficientes trabajadores sociales recorriendo las comunidades, ni equipos que sepan quién está abandonando la escuela, quién sufre violencia, quién está siendo captado por una banda o quién atraviesa una crisis familiar. Y después nos sorprendemos cuando ese niño crece.
Hay una imagen que me persigue. Es el Día de Reyes: un niño abre un regalo y dentro hay una pistola de juguete. Enseguida empieza el juego. “¡Bang!”, “¡te maté!”, “¡tú eres el malo!”, “¡yo soy el policía!”.
No digo que un juguete convierta automáticamente a un niño en delincuente; sería absurdo. Pero sí debemos preguntarnos qué símbolos estamos normalizando en la infancia y qué otras formas de jugar, crear y relacionarse estamos ofreciendo. La infancia también se educa jugando, y no podemos exigir adolescentes pacíficos mientras les negamos alternativas para crear, cooperar, imaginar y resolver conflictos sin violencia. El problema es mucho más grande que una pistola de juguete: es una cultura de la violencia, y esa cultura también se aprende.
Hay que evitar, además, otra trampa. No todos los niños pobres serán delincuentes, ni mucho menos. Los barrios populares están llenos de niñas y niños extraordinarios, de jóvenes que estudian, de madres que luchan, de padres que trabajan, de maestras que sostienen comunidades enteras. La pobreza no produce delincuentes de forma automática. Pero cuando se combina con exclusión, violencia, abandono institucional y falta de oportunidades, aumenta vulnerabilidades que el Estado tiene la obligación de atender. UNICEF ha advertido sobre la pobreza infantil y la persistencia de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Por eso no podemos mirar a un adolescente solo cuando aparece en una ficha policial. Hay que preguntarse dónde estaba cinco o diez años antes. ¿Quién lo acompañó? ¿Quién detectó que dejaba la escuela? ¿Quién habló con su familia? ¿Quién se dio cuenta de que lo estaban reclutando? ¿Quién le ofreció otra posibilidad? ¿Quién le mostró que su barrio no tenía que ser el límite de sus sueños?
También hay que hablar de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. La proporción de jóvenes de 14 a 24 años en esa condición fue de 16.59 % en el primer trimestre de 2026, según datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo citados por el Gobierno. La cifra ha bajado, pero sigue representando muchas vidas que necesitan oportunidades. Un joven que no estudia ni trabaja no es un delincuente. Es un joven de quien debemos preguntarnos el porqué: ¿no encuentra empleo?, ¿abandonó la escuela?, ¿cuida a sus hermanos?, ¿es madre o padre adolescente?, ¿vive lejos de los centros de formación?, ¿atraviesa una situación de violencia? No necesitamos más etiquetas. Necesitamos intervención social.
Y aquí tenemos una deuda enorme en la discusión dominicana sobre seguridad. Necesitamos policías, sí, pero también trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, educadores, orientadores, mediadores comunitarios, gestores culturales y especialistas en prevención de violencia trabajando en los territorios. Un barrio no es únicamente un lugar donde ocurren delitos. Es un ecosistema social, con familias, escuelas, clubes, comercios, iglesias, juntas de vecinos, canchas, conflictos, liderazgos, historias y potencialidades. ¿Por qué no tenemos equipos comunitarios permanentes que conozcan esas realidades? ¿Por qué esperamos a que exista una orden de arresto para descubrir que una persona lleva años atravesando una historia de exclusión?
Puede parecer simple para quienes piensan la seguridad solo desde el Código Penal, pero lo sostengo: una cancha también es política de seguridad. Lo son una biblioteca, una escuela abierta después de clases, un centro cultural, un programa de música, un club deportivo, un trabajador social que conoce a las familias del barrio, una política de empleo juvenil, un programa de prevención de violencia y un espacio seguro donde una niña pueda caminar, jugar y crecer sin miedo. Seguridad no es solo llegar cuando el delito ya ocurrió; es también construir condiciones para que el delito tenga menos terreno donde crecer.
Nos hemos acostumbrado a discutir cuánto cuesta equipar a la Policía. Deberíamos discutir también cuánto cuesta no prevenir. ¿Cuánto cuesta una infancia abandonada, un adolescente que deja la escuela, una familia atrapada en la violencia, una víctima, una muerte que pudo evitarse? Invertir en infancia, educación, cultura, deporte, empleo y acompañamiento comunitario no es regalar dinero. Es política de seguridad.
Y volvemos a la Policía
Volvamos al principio: a la “carta blanca”, a los “cirujanos”, al “Código 29”, a los “intercambios de disparos”, a las personas muertas.
La Policía sostiene que no existe una política estatal de “intercambios de disparos”, y la ministra de Interior y Policía ha negado también que estos hechos constituyan una política de Estado. Bien. Entonces investiguemos cada muerte. Si un agente actuó legítimamente, la investigación debe demostrarlo. Si alguien usó la fuerza de forma ilegal, también debe demostrarse.
La propia Policía reconoce en su normativa que el uso de la fuerza está sometido a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos humanos, y que la fuerza letal es el último recurso. Hagamos entonces que esos principios sean reales: no discursos, no consignas, no comunicados, sino práctica institucional.
Quiero ser clara. No quiero una Policía paralizada ni agentes sin herramientas. No quiero que un policía tenga que escoger entre su vida y la de un agresor armado. Quiero policías profesionales, bien formados, bien equipados, protegidos por la institución y sometidos a controles. Quiero inteligencia policial, investigación criminal, tecnología, coordinación con el Ministerio Público, capturas efectivas, tribunales que funcionen y justicia para las víctimas. Y quiero que los policías que actúan correctamente estén protegidos frente a acusaciones falsas.
Pero precisamente porque quiero una Policía fuerte, la quiero sometida a la ley. El poder de usar la fuerza no puede convertirse en el poder de decidir quién merece vivir.
La verdadera pregunta
Vuelvo, entonces, a la pregunta inicial: ¿volvió la carta blanca? No lo sé. No puedo afirmar jurídicamente que exista, y tampoco hay evidencia pública suficiente para decir que el “Código 29” sea una orden institucional de matar.
Pero sí existen expresiones que pertenecen a nuestra memoria de violencia policial. Sí existen decenas de muertes ocurridas durante intervenciones policiales reportadas como intercambios de disparos. Sí existen 53,877 órdenes de arresto pendientes. Sí existen comunidades atravesadas por la pobreza y la exclusión, y niños que crecen en contextos donde la violencia se normaliza.
Por eso no podemos seguir llegando tarde a la vida de nuestros niños para luego llegar temprano, con un arma, cuando ya son adultos perseguidos. Esa es la contradicción que tenemos que enfrentar: un Estado que aparece sobre todo cuando el delito ya ocurrió termina administrando las consecuencias de una ausencia que comenzó mucho antes.
Esta es mi posición. No quiero que el Estado mate menos; quiero que tenga que matar menos. No quiero una sociedad donde la Policía deba matar más para que nos sintamos seguros, sino una donde haya menos razones para que alguien tenga que morir. Quiero que el Estado llegue antes: a la escuela, a la cancha, al empleo, a la cultura, a la prevención. Y cuando el delito ocurra, quiero investigación, captura, debido proceso y justicia.
Porque la seguridad no se construye llenando cementerios de presuntos delincuentes. Se construye haciendo que el Estado llegue antes del arma, antes de la banda, antes del homicidio, antes del abandono escolar, antes del reclutamiento, antes de que un niño aprenda que matar es una forma de ganar. Y cuando, pese a todo, alguien delinque, que la respuesta sea firme, pero legal.
No quiero una República Dominicana donde tengamos que escoger entre vivir con miedo al delincuente o vivir con miedo al Estado. Quiero un país donde podamos vivir sin miedo a ninguno de los dos. Esa es, para mí, la verdadera discusión sobre seguridad ciudadana: no elegir entre delincuencia y Policía, sino construir un Estado suficientemente justo para prevenir el delito, suficientemente fuerte para perseguirlo y suficientemente democrático para no convertirse en aquello mismo que dice combatir.
Porque cuando la muerte se convierte en método, la pregunta ya no es solamente quién murió. La pregunta es qué clase de sociedad estamos dejando viva.
