CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTO DOMINGO, RD. –
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la separación de Elías Caamaño Pérez del expediente principal de la Operación Lobo, que investiga una presunta red de corrupción señalada por el Ministerio Público de distribuir más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La decisión fue adoptada a solicitud del órgano acusador, luego de que Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), presentara una licencia médica que, según informó el Ministerio Público al tribunal, lo mantendrá recluido durante 15 días calendario.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente al acusado y ordenó al Ministerio Público presentar la acusación en su contra.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto con la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales litigantes Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González.
Ministerio Público presenta acusación contra 14 personas y empresas
En la misma etapa procesal, el equipo de fiscales presentó la acusación y los elementos probatorios contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a la presunta estructura de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo.
Según el expediente, la acusación está sustentada en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción fijó para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia preliminar, con el propósito de escuchar las defensas hasta concluir esa fase del proceso.
Los sobornos superarían los RD$108 millones
El Ministerio Público sostiene que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, dinero que, de acuerdo con la acusación, habría sido exigido y recibido por responsables de seguridad de distintas instituciones públicas y otros funcionarios para favorecer a empresas contratistas.
La investigación fue iniciada por la Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según la acusación, la estructura presuntamente operaba mediante la manipulación de contratos y el pago sistemático de sobornos para beneficiar a compañías que ofrecían servicios de seguridad privada al Estado.
Los investigadores sostienen que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase), habría realizado pagos ilegales durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados.
¿Quiénes figuran en el expediente?
Además de Caamaño Pérez, el expediente incluye a Quilvio Rodríguez González, representante de Senase; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, vinculado al Departamento de Seguridad de Edeeste.
También figuran Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Entre las personas jurídicas señaladas aparecen Servicios Senase y El Niño Prodigio, EIRL, vinculadas en el expediente a Quilvio Bienvenido Rodríguez; así como Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., relacionadas con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El Ministerio Público presentó formalmente la acusación en julio y solicitó que los imputados sean enviados a juicio de fondo.
La separación de Caamaño Pérez permitirá que el proceso respecto de los demás acusados continúe conforme al calendario judicial, mientras el tribunal conoce la fase correspondiente al exfuncionario en la fecha fijada.
El caso permanece en etapa preliminar, por lo que las imputaciones descritas corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinadas por los tribunales competentes, con respeto a la presunción de inocencia de los acusados.
