SEGURIDAD CIUDADANA
SANTO DOMINGO, RD. –
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró que la sociedad dominicana aspira a una Policía Nacional más profesional y tecnificada, cuyos agentes agoten herramientas y procedimientos alternativos antes de recurrir a las armas de fuego que portan para enfrentar situaciones delictivas.
El legislador sostuvo que el uso de la fuerza letal debe estar precedido por actuaciones que permitan preservar la vida de las personas, incluso cuando estas hayan cometido algún delito.
Sin embargo, De los Santos también cuestionó que ciudadanos con numerosas fichas policiales u órdenes de arresto permanezcan en las calles, así como que personas señaladas por haber asesinado a varias mujeres no se encuentren privadas de libertad.
Sus planteamientos colocaron nuevamente en el debate público la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, perseguir los delitos y administrar justicia.
La responsabilidad del sistema judicial
Durante una entrevista en el programa de televisión nacional en el que participó junto a las periodistas Edith Febles y Amelia Deschamps, el presidente del Senado fue preguntado sobre quién tiene la responsabilidad de que personas con expedientes y órdenes de arresto continúen en libertad.
Ante la pregunta de Febles, De los Santos terminó admitiendo que se trata de una falla del sistema de justicia.
Su respuesta introduce un elemento importante en la discusión sobre la violencia policial: aunque las deficiencias del sistema judicial pueden contribuir a que personas investigadas o procesadas permanezcan en libertad, esa situación no autoriza a los agentes policiales a sustituir los procedimientos judiciales por el uso indiscriminado de la fuerza letal.
La Policía tiene la responsabilidad de perseguir el delito, detener a quienes sean requeridos por las autoridades y ponerlos a disposición del Ministerio Público y los tribunales, respetando las garantías constitucionales.
Más de un centenar de fallecidos
Las declaraciones del presidente del Senado se producen cuando las muertes de ciudadanos durante intervenciones de la Policía Nacional, presentadas habitualmente por la institución como intercambios de disparos o acciones legales, generan preocupación en distintos sectores de la sociedad.
Un levantamiento periodístico publicado por Diario Libre establece que al menos 107 personas murieron durante intervenciones policiales en septiembre y octubre de 2026, con 55 fallecimientos en septiembre y otros 52 en octubre.
Septiembre se convirtió en el mes con mayor cantidad de muertes de este tipo en lo que va de año, de acuerdo con los registros publicados.
El balance adquiere especial relevancia porque ambos meses corresponden al primer período completo de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien asumió la Dirección General de la Policía Nacional el 18 de agosto pasado.
A estos casos se sumaron otros siete fallecimientos reportados durante intervenciones policiales entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en hechos ocurridos en diferentes localidades del país.
Las cifras han alimentado las críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados, sectores políticos y ciudadanos que reclaman explicaciones sobre las circunstancias en que se producen estos fallecimientos.
Una discusión que demanda respuestas
El debate no debe reducirse a la existencia de antecedentes delictivos de las personas fallecidas ni a las explicaciones ofrecidas por los agentes que participan en los operativos.
La cuestión fundamental es determinar si cada intervención se realizó conforme a los protocolos policiales, si existió una amenaza real e inminente contra la vida de los agentes o de terceros y si el uso de armas de fuego resultó necesario y proporcional.
También corresponde al Ministerio Público investigar de manera independiente cada muerte que se produzca durante una actuación policial, establecer responsabilidades cuando existan indicios de irregularidades y garantizar que los hechos no queden sin consecuencias.
La sociedad dominicana necesita una Policía capaz de enfrentar la delincuencia, pero también una institución que respete la vida, la dignidad humana y el debido proceso.
Porque tener antecedentes penales, órdenes de arresto o ser señalado por la comisión de delitos no significa perder el derecho a la vida ni quedar fuera de la protección de la Constitución.
La seguridad ciudadana no puede construirse al margen de la justicia, ni el combate a la delincuencia convertirse en una justificación para sustituir los tribunales por las armas.
