MIAMI. –
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresaron su preocupación por un proyecto de ley que será conocido este jueves en segundo debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y que plantea una reforma a la Ley de Radio y Televisión.
Ambas organizaciones advirtieron que establecer cargas económicas desproporcionadas para los medios de comunicación podría poner en riesgo su viabilidad financiera, provocar la salida del aire de algunas emisoras y afectar el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
La iniciativa, identificada con el expediente 24.461, establece para la televisión abierta un canon progresivo que, de acuerdo con el texto del proyecto conocido por la SIP y el CPJ, podría alcanzar hasta el 7,73 % de los ingresos brutos anuales.
Las organizaciones reconocen la facultad del Estado costarricense para regular el uso del espectro radioeléctrico y establecer pagos por la utilización de este recurso público. Sin embargo, consideran que cualquier medida debe responder a criterios técnicos, objetivos, transparentes y proporcionales.
Advierten sobre impacto en los medios
Uno de los medios que podría verse afectado es Teletica, que ha advertido que el canon planteado comprometería la viabilidad económica de su operación en televisión abierta.
Para la SIP y el CPJ, el impacto de una eventual salida del aire de estaciones de radio y televisión iría más allá de las empresas afectadas, debido a que una parte de la población depende de estos medios gratuitos para acceder a noticias, contenidos de interés público y alertas durante situaciones de emergencia.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró que una regulación que pueda amenazar la continuidad de emisoras de radio y televisión también puede terminar afectando la libertad de expresión.
“Una democracia necesita más voces, no condiciones desproporcionadas que puedan silenciarlas”, afirmó.
Por su parte, el director regional del CPJ para las Américas, José Zamora, sostuvo que Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro radioeléctrico sea razonable y no se convierta en una herramienta que pueda poner en riesgo la actividad de los medios.
SIP y CPJ apelan a la libertad de expresión
Las organizaciones recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Opinión Consultiva OC-5/85, ha establecido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social.
Esto implica no solo el derecho de periodistas y medios a expresar y difundir información, sino también el derecho de la sociedad a buscar, recibir y conocer esas informaciones.
En ese contexto, SIP y CPJ consideran que las condiciones económicas y jurídicas impuestas a los medios deben permitir su funcionamiento y preservar la pluralidad de voces.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió que la libertad de expresión no se garantiza únicamente evitando la censura directa.
A su juicio, también es necesario asegurar condiciones que permitan a los medios operar con independencia y llegar a sus audiencias.
Radio y televisión cumplen una función social
La SIP y el CPJ destacaron además la importancia de la radio y la televisión abierta debido a que no requieren una suscripción para acceder a sus contenidos.
Estos medios continúan siendo una fuente de información para hogares de menores ingresos, comunidades rurales y personas adultas mayores, además de desempeñar un papel fundamental durante emergencias, desastres naturales, procesos electorales y otros acontecimientos de interés público.
Las organizaciones señalaron que Costa Rica tiene una importante tradición democrática y de respeto a la libertad de expresión que debe ser preservada.
Sin embargo, afirmaron que en los últimos años han documentado un deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, incluido un discurso que consideran estigmatizante hacia medios y periodistas y un ambiente adverso para el debate público plural.
La SIP y el CPJ llamaron a las autoridades costarricenses a garantizar que cualquier reforma a la legislación sobre radio y televisión preserve la sostenibilidad de los medios, la pluralidad informativa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
