El juez del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, consideró que esa alta corte nunca se había visto en peligro como ahora, por el rumbo, que según el juez, tome con la reciente designación de nuevos magistrados.
Señaló que varios de sus compañeros salientes le externaron preocupación por el rumbo que pudiera tomar esa alta corte en lo adelante, de que pueda ser afectado por intereses particulares.
«Todo el mundo sabe que eso es posible, pero yo puedo asegurarles a ustedes, que yo no me prestaré nunca a apoyar ningún interés particular», dijo.
Hasta ahora -narra- no ha visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones. “Hasta ahora, hasta ahora, pero si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros», advirtió.
Al referirse a las presiones que suelen recibir los jueces, Vargas declaró que “cuando no los castiga la sociedad, entonces el poder extranjero les quita la visa. Y yo me pregunto: ¿Cuál es la moral? ¿A quién le conviene más la estabilidad institucional democrática de la nación, a los pobres o a los que más tienen?”.
Expresó que cuando se arma una guerra, entre los pobres se tiran piedras, pero los poderosos económicamente se tiran misiles. Consideró importante que haya un Estado de derecho, donde “quienes más tienen que garantizarlo son aquellos que tienen más que perder».
«Yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerle un llamado a los que más tienen, para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios», sugirió, al hablar en el acto en que puso en circulación el libro “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”.
Recordó las circunstancias en que llegó al TC, que “no fue por una voluntad determinada sino fruto de una circunstancia política vivida”. Refirió que fue votado por los tres principales partidos del sistema: Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo.
Pero que no recibió el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; ni de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y tampoco de la jueza de la Suprema, Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
