Santo Domingo, RD.–
El Colegio Médico Dominicano (CMD) depositó este martes ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, al considerar que vulneran derechos fundamentales y afectan el ejercicio seguro de la medicina en el país.
El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, explicó que la acción judicial no busca impunidad para los profesionales de la salud, sino garantizar que los procesos relacionados con el ejercicio médico sean conocidos en las instancias correspondientes.
“No nos oponemos a que se sancione cuando exista dolo, mala fe o negligencia grave, pero entendemos que esos casos deben ventilarse en los ámbitos civiles y disciplinarios establecidos por la ley”, sostuvo.
El CMD impugna los artículos 8, 9, 12 y 354 del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto de 2026.
Entre los aspectos cuestionados figura el artículo 8, referente a la responsabilidad de las personas jurídicas, debido a que, según el gremio, permitiría condenar penalmente a hospitales o clínicas sin que se haya identificado previamente al autor material de un hecho, lo que entienden vulnera el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, los médicos objetan el artículo 354, al considerar que establece un trato discriminatorio contra los profesionales de la salud al contemplar sanciones más severas por hechos cometidos durante el ejercicio de la medicina en instituciones públicas.
El gremio advirtió que estas disposiciones podrían incentivar una práctica médica defensiva, donde los profesionales prioricen protegerse de posibles consecuencias penales antes que tomar decisiones basadas exclusivamente en criterios científicos y clínicos.
“El médico dejaría de decidir bajo criterios clínicos y científicos y comenzaría a actuar pensando primero en cómo protegerse de un juicio penal. Los médicos trabajarían con miedo”, afirmó Peña Núñez.
El CMD sostiene que ningún acto médico tiene como propósito causar daño y entiende que la legislación debe ofrecer garantías jurídicas adecuadas para quienes ejercen la profesión.
La organización explicó que su iniciativa busca que las autoridades revisen y adecuen las disposiciones cuestionadas antes de la entrada en vigencia de la normativa, especialmente en lo relativo a nuevos tipos penales vinculados al ámbito sanitario.
Entre estos mencionó delitos relacionados con el daño a la salud mediante dopaje, la experimentación médica sin autorización y procedimientos de fecundación realizados sin consentimiento.
El recurso será conocido por el Tribunal Constitucional, instancia que deberá decidir sobre la validez o no de los artículos impugnados por el gremio médico.
Cargando ...
