SANTO DOMINGO, RD. –
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su preocupación por las iniciativas que actualmente cursan ante el Tribunal Constitucional y que, según la entidad religiosa, buscan reinterpretar disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos a la vida y la familia.
Mediante un comunicado, los obispos dominicanos afirmaron que esos derechos han sido preservados históricamente por el legislador constituyente y el legislador ordinario, al reconocer la dignidad de la vida humana desde la concepción y el papel de la familia como fundamento esencial de la sociedad.
La CED sostuvo que la República Dominicana ha mantenido una posición firme en la defensa de estos principios y advirtió que cualquier decisión que altere su alcance mediante una sentencia interpretativa podría generar consecuencias para el orden constitucional e institucional del país.
“Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional”, señala el documento.
Los obispos consideraron que corresponde a los poderes públicos proteger la soberanía nacional y preservar los valores que históricamente han sustentado la identidad del pueblo dominicano, particularmente en lo relativo a la protección de la vida humana y la institución familiar.
Asimismo, valoraron la postura asumida por el Ministerio Público y las cámaras legislativas en los procesos que se conocen ante el Tribunal Constitucional, al oponerse a las pretensiones de organizaciones y particulares que promueven reinterpretaciones de los artículos constitucionales vinculados a estos temas.
La entidad religiosa también reconoció la participación de movimientos provida, organizaciones defensoras de la familia y ciudadanos de distintas denominaciones cristianas que han intervenido en el debate público y jurídico.
Finalmente, la Conferencia del Episcopado Dominicano reiteró que los derechos a la vida y la familia constituyen pilares fundamentales del ordenamiento constitucional y que su preservación resulta esencial para la garantía de los demás derechos y libertades consagrados en la Constitución de la República.
