ECONOMÍA | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
SANTO DOMINGO, RD. –
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) llamó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a actuar con prudencia, sensibilidad y sentido de proporcionalidad, y abstenerse de imponer multas y sanciones a los colmados, micro y pequeñas empresas que no hayan logrado incorporarse al sistema de facturación electrónica dentro del plazo establecido.
El presidente de la entidad, Antonio Cruz Rojas, advirtió que la aplicación de sanciones podría afectar especialmente a los pequeños comerciantes, emprendedores y negocios de comunidades rurales, donde persisten limitaciones tecnológicas, económicas, de conectividad y capacitación.
Aunque reconoció los esfuerzos realizados por la DGII, incluida la disponibilidad de un facturador electrónico gratuito, consideró que las herramientas y medidas implementadas no han sido suficientes para responder a las dificultades que enfrentan miles de pequeños establecimientos comerciales en el país.
Cruz Rojas sostuvo que una transformación de esa magnitud no debe imponerse en plazos reducidos, sin tomar en cuenta las condiciones reales de los contribuyentes y los procesos de adaptación que requiere la digitalización de sus operaciones.
“No podemos colocar a miles de pequeños comerciantes en un estado de incertidumbre, bajo la amenaza de sanciones económicas, cuando sabemos que muchos todavía enfrentan dificultades reales para cumplir. El Estado no puede exigir una transformación digital sin garantizar primero las condiciones necesarias para que todos puedan incorporarse”, manifestó.
Conacerd solicita prórroga y acompañamiento sin sanciones
El dirigente empresarial solicitó a las autoridades reconsiderar los plazos de implementación, promover las medidas necesarias para otorgar prórrogas razonables y establecer un período de acompañamiento y orientación durante el cual las micro y pequeñas empresas puedan completar su transición sin temor a penalidades.
A su juicio, el proceso debe tomar en cuenta las diferencias entre los contribuyentes, especialmente aquellos que operan en comunidades con dificultades de acceso a internet, equipos tecnológicos y asistencia técnica.
La entidad considera que la incorporación al sistema debe desarrollarse de manera gradual, con apoyo institucional suficiente para evitar que los pequeños negocios enfrenten consecuencias económicas por dificultades que no siempre están en condiciones de resolver por cuenta propia.
Venció el plazo y la DGII descarta otra prórroga
El reclamo de Conacerd se produce luego de vencer el plazo establecido para que los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados se incorporaran al sistema de facturación electrónica, creado mediante la Ley 32-23.
La DGII reiteró que no existe posibilidad de conceder una nueva prórroga, al señalar que la propia normativa impide extender los plazos. En consecuencia, los contribuyentes que no hayan completado el proceso se exponen a sanciones de entre cinco y 30 salarios mínimos, según el incumplimiento y las disposiciones aplicables.
Durante el fin de semana, la institución recibió miles de solicitudes de asistencia, luego de anunciar un horario extendido para orientar a los contribuyentes. La atención telefónica se ofreció hasta la 1:00 de la tarde y la asistencia virtual hasta la medianoche.
Los últimos datos divulgados por la DGII indicaban que, al cierre del viernes, más de 144,000 contribuyentes operaban bajo la modalidad de facturación electrónica. Sin embargo, cerca del 50 % de las empresas pequeñas, micro y no clasificadas todavía no había iniciado el proceso, pese a las facilidades ofrecidas.
La Ley 32-23 estableció plazos escalonados
La Ley 32-23, promulgada el 16 de mayo de 2023, estableció un calendario de incorporación gradual al sistema de facturación electrónica, de acuerdo con la clasificación de los contribuyentes.
Los grandes contribuyentes nacionales tuvieron un plazo de 12 meses, hasta mayo de 2024; los grandes y medianos contribuyentes locales, 24 meses, hasta mayo de 2025; mientras que los pequeños, micro y no clasificados dispusieron de 36 meses, hasta mayo de 2026. Posteriormente, se aprobó una extensión de seis meses.
La normativa también contempló incentivos fiscales para quienes adoptaran voluntariamente la facturación electrónica antes de los plazos obligatorios, mediante certificados de crédito fiscal. Los montos señalados en el texto de referencia van desde RD$2 millones para grandes empresas hasta RD$25,000 para microempresas.
Incumplimiento puede afectar operaciones comerciales
Además de las sanciones económicas, la normativa contempla medidas adicionales ante determinados incumplimientos, entre ellas la suspensión de concesiones o privilegios y la clausura temporal de establecimientos comerciales en casos de reincidencia o faltas graves.
Los contribuyentes que permanezcan fuera del sistema también podrían perder la capacidad de emitir comprobantes fiscales tradicionales con valor de crédito fiscal, lo que puede afectar sus operaciones con otras empresas e instituciones.
En medio de este escenario, Conacerd insiste en que la respuesta de las autoridades debe priorizar la orientación y el acompañamiento de los pequeños negocios, antes que la aplicación de sanciones que, según advierte, podrían comprometer la estabilidad de numerosos comerciantes.
































