PRESUPUESTO PÚBLICO
SANTO DOMINGO, RD. –
El pago de los intereses de la deuda pública y las asignaciones presupuestarias para educación y salud absorberán el 84.3 % de cada RD$100 que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) proyecta recaudar en 2027, una distribución que reduce el margen financiero del Estado para responder a otras necesidades sociales, como el acceso a una vivienda digna.
La situación fue expuesta por Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), durante el seminario Vivienda y Hábitat en República Dominicana: Cinco años de avances, desafíos y perspectivas, celebrado el pasado 30 de octubre en el hotel Catalonia.
Según las cifras presentadas por el funcionario, de cada RD$100 proyectados en recaudaciones de la DGII para 2027, RD$31.50 se destinarían al pago de intereses de la deuda pública, RD$35 a educación y RD$17.80 a salud.
Esto dejaría RD$15.70 para atender las necesidades del resto de las instituciones públicas, así como inversiones y otros gastos estatales, entre ellos los relacionados con la vivienda.
La distribución evidencia las restricciones que enfrenta el presupuesto público para ampliar las políticas sociales, particularmente en un contexto en el que el servicio de la deuda consume una proporción importante de los ingresos tributarios.
Aumenta el gasto en vivienda y servicios comunitarios
Jovine explicó que el gasto devengado en la función presupuestaria de vivienda y servicios comunitarios pasó de RD$9,678 millones en 2014 a aproximadamente RD$45,349 millones en 2025, lo que representa un incremento de 4.7 veces durante ese período.
Sin embargo, precisó que estas cifras no corresponden exclusivamente a la construcción de viviendas ni a los programas de vivienda social, debido a que incluyen también inversiones en abastecimiento de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
El funcionario indicó que, entre 2021 y 2025, estos renglones representaron, en promedio, el 6.7 % del gasto social, por encima del 4.9 % registrado entre 2014 y 2020.
Aunque el incremento refleja una mayor participación de esta función dentro del gasto social, los datos presentados no permiten establecer por sí solos cuánto de esos recursos se destinó directamente a reducir el déficit habitacional.
La deuda y el contexto internacional presionan las finanzas públicas
El director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de Digepres advirtió que las condiciones económicas internacionales también ejercen presión sobre las finanzas públicas dominicanas.
Jovine señaló que los conflictos geopolíticos y la condición de República Dominicana como importador neto de hidrocarburos afectan los ingresos y el equilibrio fiscal, al tiempo que contribuyen a incrementar las presiones sobre el déficit y las necesidades de financiamiento.
Advirtió que, cuando aumenta el financiamiento requerido por el Estado, también crece el peso de los intereses de la deuda sobre el gasto público, lo que limita la disponibilidad de recursos para otras prioridades.
El desafío de garantizar una vivienda digna
Las advertencias fueron planteadas durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), en el marco de un proyecto orientado a promover una política urbana participativa en la provincia de Santo Domingo, con enfoque de género y perspectiva de producción social del hábitat.
El seminario reunió a funcionarios, académicos, investigadores y representantes de organizaciones sociales para examinar los avances y desafíos de las políticas habitacionales en República Dominicana.
Uno de los temas centrales fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, cuya ejecución requiere recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre las instituciones públicas y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados.
Durante las discusiones también se destacó que la política habitacional no debe limitarse a la construcción de unidades residenciales, sino contemplar la planificación territorial, el acceso a servicios básicos, la seguridad jurídica y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
El debate coloca sobre la mesa uno de los principales desafíos de las políticas públicas: cómo garantizar recursos para atender el déficit habitacional y otras necesidades sociales cuando una proporción considerable de los ingresos tributarios ya tiene destinos presupuestarios definidos.
La actividad se celebró en vísperas del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre, que este año tuvo como lema «Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos».
