Lo ocurrido recientemente en Venezuela vuelve a colocar sobre la mesa un tema que no admite improvisaciones: la seguridad de las construcciones en República Dominicana. A partir de esa tragedia, el autor invita a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado, de los organismos supervisores y de todos los actores involucrados en garantizar edificaciones seguras para la población.
“Nadie aprende en cabeza ajena”, dice el refrán. Es cierto. Pero lo que sucede al vecino debe servir para tomar previsiones.
Con el terremoto de Haití, en 2010, se comenzaron a anunciar medidas para garantizar construcciones más seguras. Sin embargo, en la práctica, muchas cosas continuaron igual y, como también dice otro viejo dicho, “siempre que pasa igual, sucede lo mismo”.
Las exigencias y restricciones en materia de construcción siguen siendo frágiles. Hace falta una verdadera política de Estado, mucho más rigurosa, acompañada de un accionar eficiente por parte de quienes tienen la responsabilidad de supervisar las obras que se levantan en el país.
Tras lo sucedido hace dos semanas en Venezuela, muchas críticas se han dirigido contra el fenecido presidente Hugo Chávez, a quien responsabilizan de haber entregado viviendas con deficiencias estructurales. Lo que muestran las imágenes es que en numerosos edificios se utilizaron materiales de baja calidad. Estoy convencido de que Chávez creyó estar entregando obras seguras, pero las deficiencias terminaron provocando el colapso de decenas de edificaciones.
Conociendo las mafias que operan en nuestro país, no resulta descabellado pensar que muchas obras, tanto públicas como privadas, carezcan de la calidad y fortaleza requeridas.
Desde hace años se denuncian fraudes en construcciones locales. Ingenieros y constructores presentan excelentes planos ante el Ministerio de Obras Públicas y los ayuntamientos, pero durante la ejecución aparecen las componendas entre supervisores y propietarios de las obras para reducir el varillaje, disminuir la cantidad de cemento o sustituir materiales por otros de menor calidad, abaratando costos a expensas de la seguridad.
El resultado son edificaciones vulnerables.
Las quejas de compradores de apartamentos por fallas estructurales son frecuentes. También permanecen en la memoria las imágenes de columnas de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo que cedían con simples golpes de martillo, generando preocupación entre la ciudadanía.
No basta con un mensaje tranquilizador del presidente de la República asegurando que las construcciones son seguras. Lo que el país necesita es una política pública real, permanente y transparente, acompañada de una supervisión técnica efectiva y libre de complicidades.
Lo ocurrido en Venezuela debe poner, como dice el refrán, nuestras barbas en remojo.
No se trata únicamente de revisar a fondo las construcciones existentes, sino de fortalecer desde ahora los mecanismos de control y fiscalización para que las obras del futuro cumplan con los estándares que garanticen la vida de quienes las habitarán.
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