Barahona, RD.–
Benny Rodríguez
El abogado Yuli Rocha, representante legal de pescadores y vendedores de productos del mar afectados por la demolición de casetas en Barahona, calificó este viernes la actuación de las autoridades como un «atropello» y una violación al debido proceso, al sostener que el conflicto continúa bajo conocimiento de los tribunales y no existe una decisión judicial definitiva.
Las declaraciones fueron ofrecidas mientras brigadas intervenían el área donde, desde hace casi cuatro décadas, operaban los establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones del malecón, próximo al puerto turístico que construye el Ministerio de Turismo.
«Debieron esperar la decisión del tribunal»
Rocha afirmó que las instituciones involucradas fueron notificadas formalmente sobre la existencia del proceso judicial, por lo que, a su juicio, la demolición no debió ejecutarse antes de que un tribunal emitiera un fallo.
«No nos oponemos a la obra ni al desarrollo del puerto turístico. Lo que reclamamos es que se respete el Estado de derecho y el debido proceso. Estas familias tienen un expediente abierto en los tribunales y las autoridades conocían esa situación», expresó.
El jurista sostuvo que la Policía Nacional acudió al lugar sin mostrar la documentación que, según afirmó, justificara el uso de la fuerza pública para ejecutar la intervención.
Asimismo, indicó que conversó con el oficial al mando y le solicitó actuar conforme a los procedimientos legales, al considerar que el conflicto debe resolverse en los tribunales.
«Lo correcto era esperar que los tribunales decidieran. Las instituciones notificadas conocen que existe un proceso judicial en curso. Sin embargo, procedieron con la demolición», manifestó.
Piden reubicación, no detener la obra
El abogado aseguró que los pescadores y comerciantes no se oponen a la construcción del puerto turístico, sino que reclaman una reubicación que les permita continuar desarrollando sus actividades económicas.
Explicó que los afectados llevan 39 años trabajando en ese espacio y recordó que fue el propio Estado el que los reubicó allí durante la gestión de Francisco Javier García al frente del Ministerio de Turismo, cuando fueron construidas las casetas como parte del proyecto del Bulevar Turístico y Cultural María Montez.
«Son hombres humildes que se levantan a las cuatro de la mañana para salir a pescar. No se oponen al desarrollo; solo piden que se respeten sus derechos y que el Estado les garantice una reubicación digna», sostuvo.
Rechazan lugar propuesto por las autoridades
Los comerciantes informaron que las autoridades les propusieron trasladarlos a un área ubicada detrás del hotel Guarocuya, próximo al hotel Costa Larimar.
Sin embargo, rechazaron esa alternativa al considerar que el lugar presenta problemas de inseguridad, debido a denuncias de atracos y de venta y consumo de drogas, situación que, según afirman, afectaría tanto a los vendedores como a sus clientes.
Anuncian nuevas acciones judiciales
Rocha explicó que el proceso incluye un referimiento en suspensión, cuya audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones, y reiteró que el Ministerio de Turismo, la Policía Nacional, la Gobernación Provincial y el Ayuntamiento de Barahona fueron notificados formalmente sobre la existencia del litigio.
Tras la demolición, anunció que presentarán nuevas acciones judiciales y reclamarán las indemnizaciones que entienden corresponden por los daños ocasionados.
«Ahora corresponde acudir nuevamente a los tribunales para que determinen las responsabilidades y las reparaciones a que haya lugar», afirmó.
Obra de impacto para el turismo
El puerto turístico de Barahona es una de las principales obras que desarrolla el Gobierno para fortalecer el turismo en la región Suroeste.
Como parte del proyecto, el Ministerio de Turismo recibió la transferencia del antiguo Campus I del Recinto UASD Barahona, donde funcionará la futura sede de la Comandancia de Puerto de la Armada de República Dominicana.
La construcción del puerto ha generado diferencias entre las autoridades y algunos pescadores, quienes aseguran respaldar la obra, pero reclaman que cualquier desalojo o reubicación se realice con apego al debido proceso y al respeto de los derechos de las familias afectadas.
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