COPAGOS Y GASTOS DE BOLSILLO EN SALUD
SANTO DOMINGO, RD. –
Los altos copagos y diferencias médicas que deben pagar afiliados y afiliadas al Seguro Familiar de Salud (SFS) continúan generando preocupación entre autoridades de la Seguridad Social, que reconocen la necesidad de reducir la carga económica que representan estos desembolsos para el o la paciente.
El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares Ortega, afirmó que ese organismo mantiene el compromiso de reducir progresivamente el gasto de bolsillo, mientras el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, calificó de injustos los cobros adicionales realizados por algunos prestadores de servicios médicos.
Las declaraciones se producen a propósito de una publicación de Listín Diario y otros medios que, apoyada en un informe técnico elaborado por el doctor Pedro Ramírez Slaibe, estima que los copagos y diferencias médicas podrían superar los RD$24 mil millones durante 2026.
CNSS destaca medidas para reducir el gasto de bolsillo
Olivares explicó que el CNSS impulsa políticas para ampliar las coberturas y mejorar el acceso a los servicios médicos, especialmente para las familias vulnerables y quienes enfrentan enfermedades, hospitalizaciones o tratamientos de alto costo.
Entre las medidas destacó las resoluciones 553-02 y 581-03, mediante las cuales se redujo en un 50 % el límite máximo de la cuota moderadora variable que deben asumir los afiliados en procedimientos como hospitalizaciones, cesáreas y cirugías.
También mencionó la Resolución 624-02, de octubre de 2025, que elevó de RD$500 a RD$750 el monto reconocido por honorarios médicos en consultas ambulatorias, incluyendo especialidades, odontología, psiquiatría y psicología.
El funcionario agregó que el CNSS solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) una revisión integral del Plan de Servicios de Salud (PDSS), con el propósito de mejorar las prestaciones e incorporar procedimientos médicos de mayor demanda.
DIDA exige límites y consecuencias para los cobros indebidos
Por su parte, Elías Báez sostuvo que resulta injusto que médicos pertenecientes a la red de una ARS cobren a los afiliados diferencias que no están contempladas en los contratos suscritos con las aseguradoras.
El director de la DIDA explicó que los profesionales pueden negociar las tarifas con las ARS en los espacios correspondientes, pero no deben trasladar unilateralmente al paciente montos adicionales por servicios cuyos precios fueron previamente acordados.
“Lo que no es justo es que esa diferencia termine pagándola el afiliado, y menos aún que se le cobre dos veces: una por la consulta y otra cuando regresa a llevar sus resultados”, manifestó.
Báez consideró que la solución requiere topes claros, reglas conocidas y un régimen de consecuencias para los prestadores que incumplan los acuerdos, así como para las ARS que conozcan esas prácticas y no actúen.
Informó que la DIDA presentó ante SISALRIL una propuesta de defensoría colectiva que plantea establecer un límite a las diferencias en consultas especializadas y evitar que las visitas para entregar resultados sean cobradas como consultas nuevas.
También pidió retomar la implementación del primer nivel de atención como parte de una reforma que permita construir un sistema más justo para los afiliados y sostenible para los prestadores.
Llaman a los afiliados a reclamar sus derechos
El director de la DIDA reconoció que las tarifas médicas constituyen un tema legítimo de discusión entre profesionales, aseguradoras y autoridades, pero insistió en que los desacuerdos no deben convertirse en una carga adicional para los pacientes.
Asimismo, recomendó a los afiliados conocer sus derechos, exigir siempre sus recibos y denunciar ante la DIDA cualquier cobro que consideren indebido.
Las posiciones de Olivares y Báez reflejan dos aspectos del desafío que enfrenta el Sistema Dominicano de Seguridad Social: ampliar la protección financiera de los pacientes y garantizar que los prestadores cumplan las condiciones acordadas con las ARS.
