El cirujano bariátrico Rafael González García lanzó una denuncia contundente contra varias aseguradoras de salud que operan en la República Dominicana, a las que acusa de autorizar procedimientos quirúrgicos mientras niegan los materiales indispensables para ejecutarlos, una práctica que —advirtió— está costando vidas humanas.
“Nos aprueban la cirugía, pero no los materiales. Eso no es una falla administrativa, es una irresponsabilidad grave que pone en peligro directo la vida del paciente”, expresó el especialista, quien hizo un llamado urgente al Gobierno dominicano, al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para que intervengan de manera inmediata.
González García aseguró que esta situación es recurrente y sistemática. Señaló directamente a aseguradoras como SeNaSa y ARS Futuro, mientras que otras, como La Universal, habrían llegado incluso a rechazar pacientes, pese a que los procedimientos estaban previamente aprobados, al negarse a cubrir los insumos médicos necesarios.
El cirujano sostuvo que miles de pacientes enfrentan una paradoja cruel: tienen cirugías autorizadas en documentos, pero imposibles de realizar en la práctica. “Le dicen al paciente: ‘su operación está aprobada, pero los materiales no los cubrimos’. Eso es jugar con la vida de la gente”, denunció.
Indicó que estas prácticas afectan con mayor dureza a los pacientes más pobres y vulnerables, quienes no disponen de recursos para costear materiales de alto costo. Como ejemplo dramático citó los casos de personas diagnosticadas con aneurisma de la aorta abdominal, una enfermedad silenciosa y altamente letal.
“Cuando el aneurisma estalla, el paciente muere. No hay segunda oportunidad. La solución médica es sustituir la aorta por una prótesis especial de politetrafluoroetileno (PTFE). Sin embargo, en los últimos meses SeNaSa ha negado de forma reiterada la autorización de esta prótesis”, explicó.
“El aneurisma sin tratamiento es una sentencia de muerte. Negar ese material es condenar al paciente”, subrayó.
Relató el caso de un paciente ingresado en el Hospital Padre Billini, quien lleva meses esperando la autorización para una cirugía vital. Durante ese tiempo, explicó, los médicos se han visto obligados a modificar diagnósticos y proponer procedimientos alternos para intentar que la aseguradora apruebe la intervención. El paciente ha requerido múltiples transfusiones de sangre y permanece en condiciones críticas.
Situaciones similares, indicó, se han registrado en el Hospital Salvador B. Gautier, donde al menos tres pacientes con aneurisma han permanecido en lista de espera; algunos aún aguardan respuesta, mientras otros ya fallecieron tras la ruptura del aneurisma.
“Es devastador para un médico saber exactamente qué hacer, tener la capacidad técnica para salvar una vida y aun así no poder hacerlo porque una aseguradora decidió no autorizar un material”, lamentó.
El doctor González García calificó estas prácticas como inhumanas y peligrosas, y advirtió que el sistema de seguridad social está fallando en su función esencial de proteger la vida humana. Exigió una investigación inmediata, sanciones ejemplares y una revisión profunda del modelo de autorizaciones, para evitar que decisiones administrativas sigan convirtiéndose en sentencias de muerte, especialmente entre quienes menos tienen.
