La socióloga y especialista en seguridad ciudadana Liliam Bobea cuestionó la persistencia de los llamados “intercambios de disparos” en República Dominicana y consideró que estas actuaciones reflejan una cultura policial militarizada.
Bobea abordó el tema durante una entrevista en el programa El Despertador, transmitido por Color Visión, canal 9, donde analizó la situación de la seguridad ciudadana y las actuaciones de la Policía Nacional.
La especialista sostuvo que los “intercambios de disparos” no constituyen un fenómeno nuevo, pero afirmó que su permanencia resulta especialmente significativa en momentos en que el país impulsa un proceso de reforma y modernización policial.
Según explicó, durante aproximadamente 25 años se han desarrollado diferentes intentos de transformar la institución.
Sin embargo, indicó que las crisis institucionales, la pérdida de legitimidad y los cambios de gobierno han afectado esos procesos.
A su juicio, pese a los esfuerzos de reforma, todavía se reproducen conductas y actitudes vinculadas con antiguos patrones de actuación policial.
Bobea explicó que las reformas implementadas en América Latina han oscilado entre modelos orientados hacia la democratización de los cuerpos de seguridad y esquemas caracterizados por una mayor militarización.
En ese contexto, consideró que la Policía dominicana todavía conserva rasgos de un modelo militarizado. Señaló que una institución policial con orientación democrática debe actuar como servidora de la ciudadanía, permanecer subordinada a la autoridad civil y contar con niveles limitados de autonomía.
Cuestiona el uso excesivo de la fuerza
La socióloga también cuestionó que las respuestas contra la delincuencia privilegien el uso de la fuerza letal.
Bobea indicó que República Dominicana registra importantes niveles de violencia y recordó que, según las estadísticas citadas durante la entrevista, una parte significativa de los homicidios ocurre durante conflictos interpersonales.
No obstante, advirtió que las autoridades no deben reducir la respuesta institucional a una intensificación del uso de la fuerza, debido a que esa práctica puede afectar la legitimidad de la Policía frente a las comunidades.
“El uso excesivo de la fuerza no es eficiente para la institución policial”, manifestó. Agregó que estas actuaciones pueden deteriorar la confianza ciudadana y propiciar mecanismos de protección interna dentro del cuerpo del orden.
La especialista defendió que las personas acusadas de cometer delitos enfrenten los procedimientos establecidos por la justicia y reciban las garantías correspondientes al debido proceso.
En ese sentido, cuestionó cualquier actuación que pueda convertir la intervención policial en un mecanismo para eliminar físicamente a personas consideradas delincuentes.
Señala una posible política de Estado
Durante la entrevista, Bobea también fue consultada sobre si la reiteración de estas actuaciones y los llamados públicos de las autoridades para que personas perseguidas por la justicia se entreguen podrían interpretarse como una política de Estado no escrita.
La socióloga respondió afirmativamente y sostuvo que, desde su perspectiva, esta forma de enfrentar la delincuencia ha permanecido como una política estatal.
Bobea afirmó que, a comienzos de la década del 2000, alrededor del 16 % de los homicidios se atribuía a agentes policiales. Añadió que actualmente esa proporción rondaría el 23 %. Ambas cifras corresponden a los datos expuestos por la especialista durante la entrevista.
Para Bobea, estos números indicarían que el país todavía no supera por completo el paradigma que relaciona el combate contra la delincuencia con la eliminación física de quienes son considerados delincuentes.
Respaldo social a las políticas de mano dura
La especialista también se refirió al respaldo que estas actuaciones pueden encontrar en algunos sectores de la población.
Explicó que la inseguridad provoca miedo y aumenta la presión social para que las autoridades ofrezcan respuestas inmediatas, lo que facilita la aceptación de políticas de mano dura.
Sin embargo, advirtió que ese respaldo social no convierte necesariamente esas prácticas en soluciones sostenibles para garantizar la seguridad ciudadana.
Bobea consideró que la transformación debe producirse dentro de la propia Policía Nacional e involucrar tanto a los agentes que realizan labores operativas como a los niveles de supervisión y mando.
Su planteamiento sitúa el debate más allá de la actuación individual de los agentes y apunta hacia la necesidad de revisar el modelo institucional con el cual el Estado enfrenta la criminalidad.
