SANTO DOMINGO.–
El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte de un joven durante un operativo en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.
El imputado enfrenta cargos por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo en el tórax el pasado viernes.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como «indignante» y anunció que el Ministerio Público solicitaría la imposición de prisión preventiva por tratarse de un caso de homicidio voluntario.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que fijó el conocimiento de la medida de coerción para este lunes 6 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía.
La imputación
De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde en el sector La Cañada de Guajimía, cuando el cabo realizaba labores de patrullaje y requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
Según el Ministerio Público, Darlin Enmanuel Mercado Reyes se acercó para informar al agente que la motocicleta era de su propiedad. En ese momento, sostiene la acusación, el cabo policial le disparó sin mediar palabras, ocasionándole una herida mortal en el tórax, conforme al acta de levantamiento de cadáver.
El órgano persecutor indicó que el incidente fue grabado con un teléfono celular por Fénix Junior Ceballos Guzmán, material audiovisual que será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis y extracción de evidencias.
Calificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como una presunta violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario.
Durante la audiencia, los fiscales solicitarán la imposición de prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal del imputado y que no cuenta con el arraigo suficiente para garantizar su presencia durante el proceso judicial.
