SANTO DOMINGO.–
El Congreso Nacional convirtió en ley la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una iniciativa que introduce cambios en el manejo de los desechos en República Dominicana, incrementa las contribuciones económicas de las empresas al sistema y establece nuevas restricciones al uso de productos de foam.
La iniciativa, propuesta por el senador Antonio Marte, fue modificada por la Cámara de Diputados y posteriormente aprobada por el Senado, quedando ahora pendiente de promulgación por el presidente Luis Abinader.
Aumentan las contribuciones de las empresas
Uno de los aspectos más debatidos de la reforma fue la modificación del artículo 36, que incrementa la contribución especial obligatoria que deberán realizar las empresas privadas al fideicomiso destinado a financiar la gestión de los residuos sólidos.
La nueva escala establece aportes anuales que van desde RD$5,000, para empresas con ingresos de hasta RD$5 millones, hasta RD$2.2 millones para aquellas cuyos ingresos superen los RD$2,500 millones.
Los pagos deberán realizarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aunque la ley permite que las empresas opten por efectuar el pago en dos cuotas semestrales.
En el caso de las instituciones públicas, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) deberá consignar anualmente una partida equivalente a lo recaudado por la DGII por este concepto durante el año fiscal anterior.
Restricciones al foam y nuevos vertederos
La legislación también dispone que solo podrá operar un vertedero por provincia y establece criterios para la instalación de plantas procesadoras de residuos, con excepción de la región Ozama debido a su densidad poblacional.
Asimismo, ordena una reducción progresiva del uso del poliestireno expandido (foam), exigiendo que estos productos sean biodegradables en un 20 % durante el primer año y en un 90 % al cabo de cinco años.
La normativa prohíbe la importación de sorbetes, vasos, cubiertos y otros productos fabricados con foam o plástico que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, disposición que entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
Conep expresa preocupación
Antes de la aprobación definitiva, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó su desacuerdo con la reforma al considerar que concentra nuevas cargas económicas sobre el sector empresarial.
En un comunicado, el gremio sostuvo que muchas empresas ya enfrentan un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y advirtió que la acumulación de obligaciones tributarias y regulatorias podría afectar la competitividad.
«La proporcionalidad exige ponderar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la reiterada concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad», expresó el Conep.
La ley entrará en vigor una vez sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada conforme a los procedimientos establecidos.
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