Santo Domingo. –
El “Plan anticrisis” que el gobierno ha estructurado llega al Senado y de inmediato abrió un intenso debate político y económico en el país, porque la iniciativa contempla una serie de medidas tributarias orientadas a aumentar las recaudaciones estatales en un contexto marcado por el incremento sostenido del costo de la vida.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó la recepción del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, pese a que previamente las autoridades financieras habían indicado que sería depositado la próxima semana.
Para agilizar su estudio, el hemiciclo designó una comisión bicameral encabezada por el senador Pedro Catrain, junto a otros diez legisladores de la Cámara Alta, quienes tendrán la responsabilidad de analizar la propuesta y presentar un informe para su discusión.
La llegada del plan anticrisis al Congreso ocurre en un momento particularmente sensible para miles de familias dominicanas que enfrentan constantes aumentos en los precios de productos de la canasta básica y servicios esenciales.
Uno de los principales factores que ha alimentado la preocupación ciudadana ha sido el comportamiento de los combustibles, cuyas alzas impactan directamente los costos del transporte y la distribución de mercancías, generando un efecto en cadena sobre los precios de los alimentos.
Diversos analistas consideran que el escenario para debatir nuevos impuestos resulta complejo, debido a que la economía familiar ya se encuentra bajo presión.
Entre las medidas contempladas en el proyecto figuran el aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de un 0.15 % a un 0.20 %, ajustes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas y jurídicas, así como incrementos tributarios para grandes empresas.
El documento establece además que las compañías con ingresos superiores a los RD$1,000 millones anuales pasarían a pagar un ISR corporativo de 30 %, mientras que las personas con ingresos mensuales superiores a RD$250,000 también serían alcanzadas por modificaciones en la carga tributaria.
No obstante, la propuesta contempla algunas medidas compensatorias, entre ellas una eventual amnistía fiscal para regularizar deudas pendientes y la eliminación de determinados tributos considerados obsoletos.
Desde el Gobierno se argumenta que el proyecto responde a la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. Las autoridades sostienen que los intereses de la deuda pública representan actualmente cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción equivalente al presupuesto destinado al sector educativo.
La meta oficial es recaudar alrededor de RD$60,000 millones adicionales, recursos que serían utilizados para reducir el déficit fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Mientras el oficialismo defiende la necesidad de un ajuste estructural, distintos sectores sociales y económicos advierten que cualquier incremento tributario podría generar resistencia popular en un momento de alta sensibilidad económica.
Con el depósito de la iniciativa, el Congreso Nacional se convierte desde esta semana en el principal escenario de una discusión que promete enfrentar dos visiones: la necesidad gubernamental de fortalecer los ingresos del Estado y el reclamo ciudadano de aliviar el creciente costo de la vida.
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