El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, designó mediante auto al magistrado Francisco Jerez Mena para estudiar la recusación de la jueza Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra un fiscal de la Pepca imputado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Jerez Mena, actual presidente de la Segunda Sala Penal de la Alta Corte, deberá presentar una recomendación técnica ante el Pleno de la Suprema.
Será este órgano colegiado el que decida finalmente si la magistrada Muñiz continúa o no al frente del proceso judicial que involucra al fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
Los motivos de la defensa
Los juristas Alberto Delgado y Valentín Medrano, representantes legales de Valdez Alcántara, interpusieron la recusación. La defensa sostiene que la imparcialidad de la magistrada Muñiz está comprometida debido a su participación previa en la fase de instrucción del caso.
Argumentos de la recusación:
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Contacto con pruebas: Los abogados alegan que la jueza autorizó diligencias críticas como la «entrega vigilada» del dinero.
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Prejuzgamiento: Sostienen que, al tener contacto directo con videos y elementos probatorios antes de la medida de coerción, la magistrada ya ha formado un criterio sobre la culpabilidad del imputado.
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Derecho de defensa: La defensa critica que la jueza tuvo acceso a pruebas a las que ellos, supuestamente, aún no han podido acceder.
Detalles del caso de soborno
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien desempeñaba funciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recibe acusaciones de haber recibido dinero de un testigo vinculado a un caso relacionado con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Ante la gravedad del hecho y la posibilidad de obstrucción a la justicia debido al rango del imputado, el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva.
El procedimiento legal
A pesar de que la magistrada Muñiz rechazó los señalamientos y decidió no inhibirse de forma voluntaria, el protocolo jurídico obliga a elevar el expediente a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia cuando existe una objeción formal de las partes.
Una vez que el magistrado Jerez Mena concluya su análisis técnico, el Pleno de la Suprema Corte agendará la sesión para emitir un fallo definitivo.
Este proceso es vital para garantizar la transparencia en un caso donde el órgano persecutor de la corrupción se ve obligado a procesar a uno de sus propios integrantes.
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