SANTO DOMINGO, RD. –
En atención al pedimento del Ministerio Público, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva a tres de los acusados de integrar la red señalada de cometer una estafa de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), desmantelada mediante la Operación Búho.
El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, tras rechazar las solicitudes de cese de la medida presentadas por sus respectivas defensas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión al considerar que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión preventiva no es automático. Indicó, además, que deben ponderarse otros aspectos, entre ellos que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio, previsto para el 20 de noviembre de 2026.
También se tomó en cuenta la gravedad de los hechos, la pena que podría imponerse en caso de una sentencia condenatoria y que los presupuestos presentados por las defensas durante la audiencia de este viernes ya habían sido ponderados por otros jueces y resultaron insuficientes.
El tribunal consideró, además, que el juicio comenzará en dos semanas y que los acusados no ofrecen garantías para enfrentar el proceso en libertad, por lo que entendió que la prisión preventiva continúa siendo la medida de coerción más idónea.
Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra permanecerán en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
El proceso también se sigue contra los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
Asimismo, figuran en el expediente las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L.
Afectaron a más de 366 víctimas
De acuerdo con el expediente, la estructura habría afectado a 366 víctimas mediante el fraude investigado.
El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de prueba materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluidos informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos.
El órgano persecutor puso en marcha la Operación Búho el 4 de octubre de 2023, luego de varios meses de investigación, que condujeron al arresto de directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) presuntamente implicados en el fraude.
La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante el operativo, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Según la acusación, los procesados simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras acciones que, de acuerdo con el órgano persecutor, tenían como objetivo distraer el dinero de los asociados y ahorrantes.
La Operación Búho fue el resultado de un trabajo conjunto de investigación desarrollado durante varios meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
