DERECHOS HUMANOS | VIOLENCIA POLICIAL
SANTO DOMINGO, RD. –
El presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, Virginia Alcántara, responsabilizó al presidente Luis Abinader de la situación que atraviesa el país en materia de violencia policial y le reclamó asumir una intervención directa para detener las muertes de ciudadanos en supuestos intercambios de disparos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Almánzar consideró preocupante que, mientras el Gobierno promueve una reforma de la Policía Nacional, continúen registrándose muertes de personas en actuaciones de agentes policiales, sin que, a su juicio, se produzcan respuestas institucionales contundentes ni sanciones ejemplares cuando se comprueban violaciones a la ley.
Durante una entrevista, sostuvo que el mandatario, por su condición de autoridad que dirige directamente la institución policial, tiene la responsabilidad de exigir explicaciones e investigaciones sobre cada caso en el que ciudadanos pierden la vida a manos de agentes.
Cuestionó que Abinader dedique parte de su agenda de los lunes a supervisar los asuntos policiales, pero que esa atención no se traduzca en instrucciones públicas suficientemente firmes para detener los excesos.
«Hay días que han muerto cinco personas y no vemos quién manda a la Policía, que es directamente el presidente de la República, que diga: vamos a parar esto, vamos a investigar este caso», expresó.
También cuestionó pronunciamientos del jefe de Estado relacionados con personas buscadas por las autoridades, particularmente cuando se les exhorta a entregarse y se advierte que podrían afrontar consecuencias peores si no lo hacen.
A su entender, ese tipo de declaraciones puede generar una interpretación contraria a las garantías que deben prevalecer en un Estado de derecho, donde toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a ser presentada ante la justicia y responder por los hechos que se le atribuyen.
«La cárcel es la que permite que se reivindiquen», manifestó, al defender que los procedimientos judiciales deben prevalecer sobre cualquier actuación que pueda poner en peligro la vida de una persona.
Reclama investigaciones independientes
Almánzar puso como ejemplo las muertes de dos jóvenes en Mendoza, Santo Domingo Este, a quienes describió como menores de edad y que, según sus planteamientos, se encontraban durmiendo cuando fueron asesinados.
Cuestionó que, pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, no se hayan conocido respuestas judiciales suficientes para establecer las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, reclamó una mayor intervención de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que el Ministerio Público asuma plenamente su responsabilidad frente a las denuncias de posibles abusos policiales.
Consideró necesario que las investigaciones sobre muertes en las que participen agentes sean transparentes y que la ciudadanía pueda conocer cuáles expedientes están bajo investigación, sus avances y las consecuencias para quienes resulten responsables.
Posibles alteraciones de evidencias
El representante de los derechos humanos también se refirió a denuncias sobre un caso en el que, según relató, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) habrían retirado cámaras de vigilancia, ocupado teléfonos celulares y alterado el escenario donde ocurrió una muerte, presuntamente para eliminar evidencias.
También cuestionó la difusión de un video policial en el que supuestamente aparece una persona con un arma de fuego, al señalar que las imágenes presentarían inconsistencias respecto a las características físicas del fallecido.
Entiende que el Ministerio Público debe investigar estas denuncias de manera independiente, sin dejar el control exclusivo de las evidencias en manos de los organismos policiales señalados.
Advierte involución en derechos humanos
Al comparar el escenario actual con períodos anteriores de violencia policial, particularmente entre 2010 y 2012, Alcántara afirmó que la situación que observa en 2026 le resulta incluso más preocupante.
«La sociedad no siempre avanza, evoluciona, sino que involuciona también. Esto es un retroceso», expresó.
Durante la entrevista también denunció informaciones recibidas por su organización sobre supuestas relaciones de complicidad entre integrantes de organismos policiales y militares con estructuras delictivas, incluyendo presuntos cobros periódicos a personas vinculadas a actividades criminales.
Como ejemplo, citó el caso de un joven de San Juan cuya madre habría denunciado que su hijo entregaba mensualmente 125 mil pesos a un coronel para poder operar y que posteriormente recibió amenazas cuando manifestó su intención de abandonar esa situación.
Se trata de acusaciones que requieren investigaciones de las autoridades competentes, a fin de establecer su veracidad y determinar posibles responsabilidades penales o disciplinarias.
Cuestiona reforma policial sin participación ciudadana
Sobre el proceso de transformación de la Policía Nacional impulsado por el Gobierno, Alcántara cuestionó que se desarrolle fundamentalmente desde una perspectiva burocrática, sin incorporar suficientemente a las organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad.
Propuso integrar a periodistas, universidades, iglesias, organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, intelectuales, juntas de vecinos y representantes de la propia institución policial en las consultas y decisiones relacionadas con la reforma.
También cuestionó la asesoría internacional contratada para ese proceso, al considerar que las experiencias de otros países deben adaptarse a las particularidades sociales, jurídicas y culturales de República Dominicana.
A su juicio, la reforma policial no puede reducirse a la adquisición de equipos, tecnología, logística o aumentos salariales. Debe contemplar transformaciones profundas en la cultura institucional, los mecanismos de supervisión, la formación de los agentes y la relación de la Policía con las comunidades.
Llamó a las organizaciones de derechos humanos a unificar esfuerzos y desarrollar acciones conjuntas en defensa de las libertades públicas y las garantías constitucionales.
«O defendemos el Estado de derecho o estamos en contra del Estado de derecho. El Estado de derecho significa que no se pueden violar las leyes y la Constitución», concluyó.
