Justicia | Corrupción
SANTO DOMINGO, RD. –
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, luego de admitir la acusación y los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, que lo acusa de solicitar y recibir dinero de una persona bajo investigación.
El órgano persecutor sostiene que Valdez Alcántara recibió US$10,000 mediante una entrega controlada, después de que, según la acusación, solicitara inicialmente US$200,000 a la persona investigada y posteriormente redujera la suma a US$150,000.
El procurador de corte Eduardo Velázquez, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la decisión adoptada por el juez Raymundo Mejía y afirmó que el tribunal admitió la acusación, las pruebas y la calificación jurídica planteada por el órgano acusador.
“Lo más importante es que el juez estableció en su parte motivacional in voce en audiencia, que este es un hecho grave”, afirmó Velázquez.
El representante del Ministerio Público sostuvo además que las pruebas son, a su juicio, “sólidas y contundentes” y que durante la fase de juicio buscarán demostrar la acusación más allá de toda duda razonable.
Ministerio Público apelará variación de coerción
Aunque el tribunal dispuso la apertura a juicio, también varió la medida de coerción que pesaba contra el exfiscal.
Velázquez adelantó que el Ministerio Público recurrirá esa decisión en el momento procesal correspondiente, al considerar que persiste el peligro de fuga.
El funcionario recordó que la variación de la medida de coerción es una facultad que corresponde al juez conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara, quien ya no pertenece a la institución, mantiene condiciones que justifican la preocupación por su eventual fuga.
Acusación por supuesto soborno
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Valdez Alcántara formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuando ocurrieron los hechos investigados.
El expediente establece que el entonces fiscal participó en investigaciones relacionadas con un supuesto entramado de corrupción administrativa que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La acusación señala que, en diciembre de 2025, Valdez Alcántara interrogó a una persona vinculada a esa investigación y posteriormente obtuvo su número telefónico y estableció comunicación con ella mediante WhatsApp.
De acuerdo con el Ministerio Público, posteriormente se produjeron acciones que la acusación califica de intimidatorias, tras las cuales el entonces fiscal habría ofrecido ayudar al investigado a cambio de dinero y otros bienes.
La acusación sostiene que, además del dinero, mostró interés en un reloj Rolex y exigió un vehículo Mercedes Benz.
Posteriormente, según el expediente, se acordó una entrega de US$10,000, realizada en marzo de este año mediante un operativo controlado, tras lo cual se ejecutó una orden de arresto contra el entonces fiscal.
Proceso pasa a juicio
Valdez Alcántara fue sometido a la justicia y en mayo pasado le fue impuesta prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La medida fue ratificada posteriormente por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El Ministerio Público acusa al exfiscal de violar disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El tribunal fijó para el 4 de noviembre de 2026 la lectura íntegra de la decisión adoptada este miércoles.
El proceso inicialmente era conocido bajo la jurisdicción privilegiada debido a la condición de fiscal de Valdez Alcántara, pero pasó a la jurisdicción ordinaria luego de que este renunciara a sus funciones.
La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Corresponderá al tribunal de juicio conocer las pruebas y determinar la responsabilidad penal del imputado conforme al debido proceso.
