El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó su confianza en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte condenas contundentes contra la red de corrupción administrativa desmantelada en las operaciones Coral y Coral 5G.
Al ser abordado por la prensa sobre el curso del juicio, Camacho fue enfático al señalar que el proceso debe cerrar con sanciones que reflejen la gravedad de los hechos. «Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas», afirmó el magistrado.
El acuerdo con Raúl Alejandro Girón
Respecto a las recientes discusiones en el tribunal sobre el procesado Raúl Alejandro Girón, el titular de la PEPCA calificó como una «confusión» los planteamientos de la defensa del imputado.
Wilson Camacho aclaró que el acuerdo entre el Ministerio Público y Girón está debidamente firmado y a disposición de las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo. Subrayó que, aunque el proceso es oral, el documento garantiza el cumplimiento de los términos establecidos, incluyendo el decomiso de dinero ilícito.
Pedimento de penas: Hasta 20 años de prisión
El Ministerio Público ha solicitado penas severas para los implicados en la sustracción de más de RD$4,500 millones del Estado a través del Cusep, Cestur y Conani:
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20 años de prisión y multas: Para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
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15 años de prisión: Para la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete.
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10 años de prisión: Para una lista de más de 15 oficiales y allegados a la red.
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5 años de prisión: Para Raúl Alejandro Girón (en virtud del acuerdo de colaboración).
Un arsenal de pruebas y bienes a decomisar
La acusación presentada por el equipo de Wilson Camacho cuenta con un blindaje probatorio sin precedentes que incluye:
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2,201 pruebas documentales y 141 peritajes.
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214 inmuebles y 86 vehículos de lujo distribuidos en diversas provincias.
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Más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo.
Además, el Ministerio Público solicitó la disolución de entidades como la Iglesia Bautista Vida Eterna y diversas empresas utilizadas para el lavado de activos. «Lo que hemos presentado justifica el decomiso de ese dinero y es lo que va a mantener el Ministerio Público», sentenció Camacho.
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