La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva contra Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez, acusados de formar parte de una red dedicada al secuestro y lavado de activos, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, ambos imputados actuaban como testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, señalados como cabecillas de la estructura criminal que secuestró a una persona de 47 años de edad en el distrito municipal La Otra Banda, municipio Higüey, y exigió 20 millones de pesos como rescate.
Operativo conjunto y pruebas contundentes
Vásquez Severino y Rivera Martínez fueron arrestados durante un allanamiento conjunto ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con apoyo de la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
La jueza Francis Reyes Dilone ordenó que la medida de coerción sea cumplida en la cárcel de mujeres de La Altagracia, en el caso de la imputada, y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, para el imputado masculino.
Uso del dinero del secuestro
Durante la audiencia, los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, detallaron que los imputados adquirieron dos vehículos de alta gama con parte del dinero obtenido del secuestro, los cuales fueron comprados en una agencia de Santo Domingo Este y se encontraban bajo control de uno de los procesados al momento de su arresto en mayo de este año.
Tratos crueles y lavado de activos
Según el expediente, la víctima fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, permaneció privada de libertad durante cuatro días, sufrió golpes, heridas y severos traumas emocionales.
Además, los imputados obligaron a la familia del secuestrado a reunir más de seis millones de pesos y a realizar traspasos de vehículos a nombre de personas vinculadas a la red, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos y evadir la acción de la justicia.
Confianza en el sistema judicial
Las titulares de Antilavado del Ministerio Público, Ramona Nova, y de la Fiscalía de La Altagracia, Claudia Garrido, valoraron la decisión como ajustada a derecho y reiteraron su confianza en que el sistema judicial impondrá sanciones ejemplares a los responsables.
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