El caso que destapó una hemorragia de más de RD$15,900 millones del Senasa volvió a pausarse este martes, cuando el tribunal decidió aplazar para este jueves 11 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción contra su exdirector Santiago Hazim y otros nueve implicados en el desfalco millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SenaSa).
Dentro y fuera de la sala, la escena fue la misma: tensión, rostros duros, mientras el país espera cero impunidad contra los involucrados en este caso que ha provocado indignación colectiva porque se afectó a los más vulnerables.
Un entramado que operaba sin pudor
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los acusados, a quienes atribuye operar como una maquinaria diseñada para sangrar recursos públicos bajo órdenes directas de Hazim Albainy.
El expediente —más de 500 páginas de nombres, firmas, contratos y reuniones previamente “cocinadas”— describe cómo el exfuncionario movía el mapa de prestadores con frases tan crudas como: “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
Todo quedaba debidamente “homologado” por gerentes, consultores jurídicos y asistentes que, según el Ministerio Público, sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
Un comité que aprobaba lo que ya estaba decidido
Germán Robles imponía decisiones legales, Francisco Minaya rubricaba acuerdos, Roberto Canaán, presionaba habilitaciones sin requisitos y y Carmen José Velázquez firmaba actas como simple trámite.
Una coreografía afinada para que los “agraciados” entraran al sistema sin tropiezos.
El aplazamiento
Este jueves, cuando el tribunal retome la audiencia, el país sabrá si a esta red se le aplicará prisión preventiva o si la justicia enviará a sus casas a los implicados y no atender el pedimento del Ministerio Público que entienden los involucrados deben ir a prisión mientras continúan las investigaciones de uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa del actual gobierno.
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