El Ministerio Público solicitó formalmente este domingo imponer un año de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, capturado en flagrante delito tras recibir un soborno de diez mil dólares.
La investigación, dirigida por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, reveló niveles de extorsión que incluyen exigencias de autos de lujo y relojes de alta gama.
La solicitud de medida de coerción, que consta de 50 páginas, fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de Instrucción Especial, Ysis Muñiz Almonte.
El órgano acusador busca que el procesado cumpla la medida mientras se profundiza en el expediente que ha sacudido la estructura de la Pepca.
Una negociación de «lujo» y corrupción
Los detalles de la investigación son comprometedores. Según el Ministerio Público, Aurelio Valdez Alcántara inicialmente exigió a una persona bajo investigación la suma de US$200,000. Tras una negociación, el fiscal redujo el monto a US$150,000, pero añadió condiciones materiales específicas:
-
Vehículo de lujo: Exigió un Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
-
Relojería fina: Mostró un marcado interés en obtener un reloj marca Rolex.
-
Efectivo: Fue capturado en una «entrega controlada» recibiendo los primeros US$10,000.
Jurisdicción Especial y firmeza institucional
Debido a su condición de miembro del Ministerio Público, Valdez Alcántara cuenta con privilegio de jurisdicción, razón por la cual la magistrada Yeni Berenice Reynoso solicitó la designación de un juez de Instrucción Especial ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La procuradora general reiteró que el hecho es «muy grave» y envió un mensaje claro a lo interno de la institución: “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga. Medimos con la misma vara a todos”.
Próximos pasos judiciales
El Ministerio Público, bajo la supervisión de Wilson Camacho, director de Persecución, espera ahora que el tribunal fije la fecha para la audiencia de medida de coerción.
El objetivo es lograr una «sanción ejemplarizadora» que demuestre que el sistema de justicia no permitirá que quienes deben perseguir el delito se alíen con él.
