El Senado convirtió en ley este martes a unanimidad, el proyecto de extinción de dominio que tiene como propósito el decomiso de bienes adquiridos en forma ilícita en República Dominicana, acogiendo las más de 40 enmiendas que hizo a la pieza legislativa la Cámara de Diputados.
En ese sentido, el senador por la provincia Barahona, José Del Castillo Saviñón, resaltó la importancia que reviste el sistema bicameral (conformarían las cámaras del Senado y de Diputados), considerando que, gracias al equilibrio que representan las comisiones de ambas Cámaras, se aprobó sin contratiempos la ley debatida ley de extinción de dominio.
✅A unanimidad es aprobada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. pic.twitter.com/eyhm8KsyUs
— Senado de la República Dominicana (@SenadoRD) July 26, 2022
Del Castillo Saviñón, valoró las modificaciones con las que se aprobó esta iniciativa o proyecto de ley, porque dota al país de un instrumento legal que permitirá combatir la corrupción sin caer en la inconstitucionalidad, a lo que se oponía cuando lo previamente el Senado.
«Reconozco la labor del Congreso Nacional que como órgano bicameral actuó constitucionalmente, lo que demuestra que si funciona, es posible mantenerlo», sostuvo el legislador que representa a la provincia sureña.
Entiende que se salvó el proyecto con las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, lo que evita requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La pieza
La pieza legislativa presentaron por separado los senadores: Antonio Taveras Guzmán, (Provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul (Peravia); Félix Bautista (San Juan); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña) y José Del Castillo Saviñón (Barahona).
La Ley de Extinción de Dominio es una normativa jurídica orientada contra los bienes de origen o destinación ilícita, que constituye una importante herramienta para perseguir los activos obtenidos a través del crimen organizado, corrupción, entre otras actividades de carácter criminal.
El proyecto de ley establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República, además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.
La normativa constituye, además, una herramienta para castigar la corrupción administrativa, lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.
