Seguridad ciudadana y violencia policial
Benny Rodríguez
La delincuencia no da tregua y, paradójicamente, el aumento de las muertes de personas señaladas por las autoridades como delincuentes tampoco parece traducirse en una sensación de seguridad que permita a la población dar por resuelto el problema.
Septiembre terminó con al menos 50 hombres muertos en intervenciones policiales, de acuerdo con el recuento publicado por medios nacionales. Esto representa un promedio de 1.67 muertes por día durante el recién finalizado mes.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se coloca frente a otro divulgado por la propia Policía Nacional: 53,877 órdenes de arresto permanecían pendientes de ejecución al cierre de septiembre, correspondientes a personas requeridas por la justicia por diferentes delitos. Entre esas órdenes figuran 2,681 relacionadas con homicidios y 11,587 por robos.
La pregunta, por tanto, no es solamente cuántos presuntos delincuentes han muerto frente a agentes policiales, sino que la que comienza a imponerse es otra:
¿Está funcionando una política de seguridad en la que cada día mueren personas durante operaciones policiales, pero miles de órdenes de arresto continúan pendientes y nuevos hechos violentos siguen produciéndose?
Una delincuencia que no parece retroceder
Los acontecimientos registrados al comenzar octubre aportan elementos para mantener abierto el debate.
El 1 de octubre, en Batey 9, Tamayo, provincia Bahoruco, murió Adolfo María Bello Heredia, alias “Yonathan”, de 39 años, durante un supuesto intercambio de disparos con agentes del Dicrim.
La Policía sostuvo que el hombre era buscado por su presunta vinculación con la muerte de José Marte Marte y que disparó contra los agentes cuando estos intentaban apresarlo. El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público.
Ese mismo período también estuvo marcado por la muerte de Eudy Antonio Infante de León, alias “Ñifi”, de 25 años, en el municipio Santiago Oeste.
La Policía sostuvo que se produjo un enfrentamiento; sin embargo, familiares del fallecido rechazaron esa versión y afirmaron que se encontraba cenando en un puesto de comida cuando llegaron los agentes. El caso constituye precisamente el tipo de controversia que hace necesario investigar cada muerte de manera independiente.
La violencia delictiva, entretanto, continúa manifestándose en escenarios que van desde barrios populares hasta sectores residenciales.
Kenny Grullón: la delincuencia llega hasta su casa
El caso del actor y humorista Kenny Grullón es ilustrativo.
El 2 de octubre, un hombre armado con un cuchillo penetró en su residencia, en la Zona Universitaria, lo amenazó, lo lanzó al suelo, lo amarró y lo amordazó, según relató su hijo Javier Grullón.
El intruso sustrajo un teléfono celular y otras pertenencias y huyó antes de la llegada de las autoridades. La Policía informó que el Dicrim investigaba el hecho.
El episodio ocurrió en una zona residencial de la capital y con el artista dentro de su vivienda. Pero no fue el único caso que estremeció al país en septiembre.
Zeneida Castillo: un crimen que terminó en muerte
El 20 de septiembre ocurrió uno de los hechos más violentos del mes.
Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, fue asesinada en su residencia del sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este. El artista también resultó gravemente herido.
La Policía informó posteriormente sobre la detención de tres personas y la persecución de un cuarto implicado. Según la institución, algunos de los señalados tenían vínculos previos con el entorno familiar y laboral de las víctimas.
El caso dejó además una pregunta que trasciende la investigación particular: ¿qué ocurre cuando los responsables de delitos graves son eliminados antes de que puedan ser sometidos a un proceso judicial que permita conocer toda la verdad?
El propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, pidió que se preservara la vida de los sospechosos del crimen de Zeneida para evitar que la investigación muriera junto con sus presuntos autores.
Los 50 muertos: una geografía de la violencia policial
Los registros periodísticos permiten identificar numerosos casos y sus lugares, aunque no existe un dato único que permita atribuir con seguridad los 50 nombres a una sola base sin discrepancias.
Un levantamiento publicado el 1 de octubre identificó, entre otros, los siguientes casos:
| Fecha | Fallecido | Lugar reportado |
|---|---|---|
| 29 septiembre | Erick Stiven Manzueta Alfonso | Santo Domingo |
| 29 septiembre | Alexander López Grabiel “Chandel” | Bijao, San Francisco de Macorís |
| 28 septiembre | José Miguel de Jesús García “Cama Larga” | Monseñor Nouel |
| 28 septiembre | Neyfi Then Monegro “La Parita” | Santo Domingo Este |
| 27 septiembre | Jesús Alberto Aracena Castillo “Bebeco” | Santiago |
| 27 septiembre | Junior Antonio Cuevas Toribio “Viño” | Santo Domingo Oeste |
| 26 septiembre | Hansel “Boca Negra” | Samaná |
| 26 septiembre | José Ignacio Rodríguez “Ignacio” | Santiago |
| 26 septiembre | Cristhoffer Carlos Belliard “Cri Cri” | Monte Cristi |
| 25 septiembre | Genny Santos Franco Jiménez “El Come Hombre” | Santo Domingo |
| 25 septiembre | José Daniel de la Cruz Valdez “Hernán/Nay” | Santo Domingo |
| 25 septiembre | José Manuel San Luis “Negrón” | Santo Domingo |
| 25 septiembre | Jean Luis Almonte Núñez “Amarillo” | Puerto Plata |
| 24 septiembre | Carlos Julio Féliz Sena | Cabral, Barahona |
| 24 septiembre | Domingo Santiago Valdez “La Fama” | Santo Domingo |
| 24 septiembre | Gabriel Luis Montero Valdez “Campeón” | Santo Domingo |
| 24 septiembre | Ricardo Polanco García “Richard Gatillo/El Vegano” | Espaillat |
| 23 septiembre | Melvin Francisco “Arturo/La Melma” | Puerto Plata |
| 22 septiembre | Javier Mercedes Severino “Javielito” | El Seibo |
| 21 septiembre | Luis David Fortuna Perdomo “Caco de Leche” | La Altagracia |
| 21 septiembre | Jorge Luis Tissol Báez “Yiro” | San Pedro de Macorís |
| 21 septiembre | Pedro Núñez “Puli” | Duarte |
| 20 septiembre | Rolando Torres Vásquez “El Coco” | Hermanas Mirabal |
| 20 septiembre | Cristofer Almonte Díaz “Niño” | Santiago |
| 20 septiembre | “El Haitiano” | Sánchez Ramírez |
| 20 septiembre | Yonathan “Chuky” | Santo Domingo |
| 20 septiembre | Yovany “Chigua” | Santo Domingo |
| 19 septiembre | Jhoan Omar Leonardo Rodríguez “Fugao” | María Trinidad Sánchez |
| 18 septiembre | Wander Alcántara | Santo Domingo |
| 18 septiembre | Deivi Rosado Durán “El Gordo/El Fantasma de Guindo” | Santo Domingo |
| 18 septiembre | Jordi Antonio Ogando | Distrito Nacional |
| 18 septiembre | Dilson Humberto Reynoso Cruz “Mandrake/El Mello” | Santiago |
| 16 septiembre | Michael Junior Rodríguez Peguero “Michael Peluche” | Santo Domingo Norte |
| 16 septiembre | “Enger” | Santo Domingo Norte |
| 15 septiembre | Willi David Gómez Batista “Willi Piñe” | Barahona |
| 13 septiembre | Edilio Rafael Salcedo “Edilio Manos Rápidas” | Santiago |
| 12 septiembre | Luis Rivera Simón | Santo Domingo |
| 12 septiembre | Henry Joel Borrell Rudecindo | Santo Domingo |
| 11 septiembre | Pedro Luis Paredes | Azua |
| 11 septiembre | Danny Braulio Contreras | Azua |
| 11 septiembre | Estarling Leonel Peñaló “El Santiaguero” | Azua/San José de Ocoa |
| 10 septiembre | Dalgeni de Jesús “El Sicario/El Matatán” | Dajabón |
| 7 septiembre | Ángel Manuel Castro Santana | Hato Mayor |
Este levantamiento, publicado el 1 de octubre, contabilizaba 45 muertes, mientras que los casos reportados posteriormente llevaron el recuento periodístico a 50 durante septiembre.
Entre los casos más controversiales está el de Willi David Gómez Batista, “Willi Piñe”, muerto en Barahona el 15 de septiembre. La Policía presentó el hecho como un enfrentamiento, mientras que su madre sostuvo públicamente que su hijo estaba desarmado cuando recibió los disparos.
Precisamente por las diferencias entre las versiones oficiales y las de familiares o testigos, la discusión sobre estas muertes no puede reducirse a determinar quién tenía antecedentes policiales.
El dato que obliga a mirar más allá de los muertos
Hay un dato que merece especial atención.
Al comparar la lista de personas fallecidas durante intervenciones policiales con la base pública de prófugos de la Policía, un rastreo de Diario Libre encontró que solo tres de los 182 fallecidos registrados en 2026 aparecían también en la lista oficial de prófugos: Jimmy, alias “El Haitiano”; Dilson Humberto Reynoso Cruz, “Mandrake”; y Ranller Encarnación Vicente.
Esto significa que el argumento de que los fallecidos eran necesariamente personas incluidas en la lista pública de prófugos requiere ser examinado caso por caso.
Al mismo tiempo, la Policía informó el 2 de octubre que tiene 53,877 órdenes de arresto pendientes, aunque aclaró que la cifra corresponde a órdenes y no necesariamente a igual número de personas, porque un individuo puede acumular varios requerimientos judiciales.
El contraste es evidente: muchas personas son buscadas por la justicia y, simultáneamente, decenas mueren durante intervenciones policiales.
La cuestión que debe responder la política de seguridad es si esa combinación está consiguiendo disminuir efectivamente el delito.
La CNDH lleva el debate fuera del país
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) ha pasado de la denuncia pública a anunciar acciones concretas.
Su presidente, Manuel María Mercedes, anunció que la entidad recurrirá a organismos internacionales para denunciar las muertes de civiles ocurridas durante actuaciones policiales que la organización califica como ejecuciones.
La CNDH-RD ya había anunciado en julio que llevaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncias relacionadas con los denominados intercambios de disparos. La entidad sostiene que existe un patrón que requiere seguimiento internacional y ha reclamado investigaciones independientes.
El 27 de septiembre, durante la XIII Asamblea de la organización, Mercedes emplazó al director de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, a detener las muertes y anunció una resolución de condena sobre estas actuaciones.
También solicitó al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dar seguimiento al tema junto a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Días después, la CNDH anunció además una jornada de movilización nacional para reclamar acciones frente a las muertes y mayores garantías para los derechos ciudadanos.
El problema no desaparece con la muerte del sospechoso
Aquí está el núcleo del debate.
Una persona acusada de homicidio, robo, atraco o cualquier otro delito debe responder ante la justicia. Pero una acusación no equivale a una condena y una intervención policial no debería convertirse automáticamente en una sentencia de muerte.
La propia legislación dominicana sobre uso de la fuerza establece criterios de moderación y proporcionalidad cuando el empleo de armas de fuego resulta inevitable.
El reglamento establece además límites al uso de armas para impedir una simple desobediencia, evitar una huida o lograr una detención, salvo determinadas circunstancias relacionadas con personas armadas o que ejercen violencia.
Esto coloca el problema en un terreno distinto al de defender o condenar a quienes delinquen.
La pregunta es qué Estado de derecho quiere construir la República Dominicana para enfrentar la delincuencia.
Porque si el delincuente es capturado, la sociedad obtiene información, un proceso judicial y, eventualmente, una condena.
Si muere durante una operación policial, puede desaparecer también la posibilidad de conocer quién participó en un crimen, quién ordenó determinada acción, dónde estaba el arma, qué ocurrió antes de los disparos y cuál fue realmente la secuencia de los acontecimientos.
Una estrategia que merece ser evaluada
El Gobierno sostiene que la Policía debe perseguir a quienes delinquen y proteger a la población. El director policial ha defendido públicamente la actuación de los agentes y ha advertido que quienes sean buscados deben entregarse.
La CNDH sostiene una interpretación distinta y reclama detener lo que califica como ejecuciones y realizar investigaciones independientes.
Mientras tanto, 50 personas murieron en septiembre en actuaciones policiales reportadas como intercambios de disparos, y al comenzar octubre continuaron las muertes y los hechos delictivos.
Por eso, el debate no debería agotarse en si los muertos eran delincuentes o si tenían antecedentes.
Hay una pregunta más profunda:
Si matar al delincuente fuera suficiente para resolver la delincuencia, ¿por qué continúan apareciendo nuevos delincuentes, nuevas órdenes de arresto, nuevos atracos, nuevos homicidios y nuevas víctimas?
La seguridad pública no puede medirse únicamente por el número de personas abatidas.
También debe medirse por la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar, capturar, judicializar, condenar y evitar que otros ocupen el lugar de quienes son sacados de circulación.
Porque si cada muerto es presentado como una victoria y la delincuencia continúa reproduciéndose, quizás el país deba preguntarse si está confundiendo persecución del delincuente con una verdadera política criminal.
Y esa discusión, más que policial, es una discusión sobre el tipo de sociedad y de Estado que los dominicanos quieren construir.
¿Más muertos significa más seguridad o estamos simplemente normalizando la violencia desde ambos lados de la confrontación?
