SANTO DOMINGO, RD. –
La educación dominicana ha recibido en la última década una cantidad de recursos que, por su dimensión, debería reflejarse visiblemente en las aulas, en las condiciones de los centros educativos y, sobre todo, en la calidad de los aprendizajes.
Sin embargo, una revisión de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación (Minerd) entre 2015 y 2025 coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que trasciende las cifras: ¿qué resultados está produciendo el dinero destinado a la educación?
En esos diez años, el Minerd administró un acumulado de RD$2,218,586,322,491.11, es decir, más de RD$2.2 billones, de acuerdo con los datos recogidos en el informe utilizado como base para este análisis.
La cifra resulta todavía más significativa cuando se observa que el presupuesto educativo ha mantenido una tendencia creciente desde la aplicación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación preuniversitaria.
Pero el tamaño del presupuesto abre una discusión que va más allá de cuánto dinero se asigna: cómo se gasta, dónde termina y cuánto de ese esfuerzo financiero consigue transformar efectivamente la realidad educativa.
Más recursos, pero viejas carencias
A lo largo del período analizado, los recursos del Minerd han sido destinados principalmente a remuneraciones, servicios, transferencias, infraestructura, materiales, programas pedagógicos, alimentación escolar y tecnología.
Los números muestran que una parte considerable del presupuesto se concentra en salarios, contribuciones y gastos operativos.
En 2015, por ejemplo, el 54.11 % de los recursos ejecutados correspondió a remuneraciones y contribuciones. En los años posteriores, este componente continuó representando una parte sustancial del presupuesto.
En 2021 llegó a representar aproximadamente el 65 % del presupuesto ejecutado, mientras que en 2024 las remuneraciones y contribuciones alcanzaron RD$167,557 millones.
Para 2025, de los RD$309,866 millones del presupuesto modificado, cerca de RD$178,883 millones fueron destinados a sueldos, bonificaciones y seguridad social del personal docente y administrativo.
La dimensión de estos recursos plantea una cuestión inevitable: si cada año se destinan miles de millones de pesos al sistema educativo, ¿por qué las deficiencias estructurales de muchas escuelas continúan apareciendo como una deuda pendiente?
El dinero llega, pero la transformación no parece proporcional
La paradoja señalada por sectores vinculados a la educación consiste precisamente en eso: el crecimiento de la inversión no siempre se percibe en una mejoría proporcional de las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha cuestionado que la magnitud de los recursos administrados por el Minerd no se corresponda con una transformación suficiente de las condiciones de las aulas ni con el bienestar integral del magisterio.
El gremio ha llamado la atención, además, sobre los retrasos en las transferencias a las Juntas de Centro, situación que, según plantea, limita el mantenimiento menor de los planteles, la adquisición de materiales didácticos y de limpieza y el pago oportuno de determinados servicios.
Desde esa perspectiva, el debate no consiste únicamente en reclamar más presupuesto, sino en determinar si el presupuesto existente está llegando a los lugares donde las necesidades son más urgentes.
Infraestructura: una inversión que todavía deja preguntas
Uno de los aspectos más sensibles es la infraestructura escolar.
Los datos muestran variaciones importantes en el dinero destinado a obras a lo largo de la década. En 2020, por ejemplo, la construcción de aulas fue afectada por la pandemia y el programa de Instalaciones Escolares Seguras ejecutó RD$4,347.6 millones, apenas el 23.18 % de lo estimado en el Plan Estratégico citado en el documento.
En 2022, en cambio, la construcción y ampliación de planteles escolares pasó a ocupar un lugar destacado dentro del gasto educativo.
Pero, pese a las inversiones realizadas, las condiciones físicas de numerosos centros educativos continúan formando parte de las reclamaciones de docentes, estudiantes y comunidades.
El problema, por tanto, no parece reducirse exclusivamente a cuánto se invierte en infraestructura, sino a la capacidad del Estado para convertir esa inversión en escuelas dignas, funcionales y oportunamente mantenidas.
La pandemia aceleró la inversión tecnológica
El año 2020 introdujo un elemento extraordinario en la distribución de los recursos: la educación a distancia obligada por la pandemia de COVID-19.
La adquisición de equipos y tecnología aumentó considerablemente. El programa República Digital alcanzó una ejecución de RD$25,320.2 millones, según los datos citados en el documento, mientras que el gasto en bienes muebles, inmuebles e intangibles registró un importante crecimiento respecto al año anterior.
La inversión respondió a una emergencia que obligó al sistema educativo a trasladar buena parte de sus actividades al entorno virtual.
Sin embargo, esa experiencia también dejó una pregunta vigente: ¿cuánto de aquella inversión tecnológica se convirtió en una transformación permanente de la educación dominicana?
Jornada Extendida y bienestar estudiantil
Otro de los grandes componentes de la política educativa durante este período ha sido la Jornada Escolar Extendida, acompañada por una ampliación de los programas de alimentación y bienestar estudiantil.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) incrementó progresivamente su cobertura, mientras que durante la pandemia se modificaron los mecanismos de entrega de alimentos y útiles para mantener el apoyo a las familias.
Para sectores del magisterio, sin embargo, existe el riesgo de que la dimensión asistencial del sistema termine ocupando un espacio mayor que la discusión sobre los aprendizajes.
La ADP ha cuestionado precisamente lo que considera una transformación de la Jornada Escolar Extendida en un modelo con fuerte componente asistencial, en detrimento de una atención suficiente a la calidad del proceso educativo.
Una década de presupuestos millonarios
Las cifras permiten dimensionar el crecimiento de los recursos administrados por el Minerd.
En 2015, el presupuesto aprobado ascendió a RD$119,363 millones.
Para 2020, la ejecución había alcanzado RD$201,501 millones.
En 2022, el presupuesto superó los RD$226,961 millones, mientras que en 2023 ascendió a RD$275,378 millones.
En 2024, el presupuesto aprobado rondó los RD$297,041 millones, y para 2025 el presupuesto modificado alcanzó aproximadamente RD$309,866 millones.
En otras palabras, el presupuesto educativo experimentó un crecimiento extraordinario en términos nominales durante la década.
La pregunta que queda sobre la mesa es si los resultados educativos, la infraestructura y las condiciones de las escuelas han crecido en una proporción comparable.
El otro problema: recursos que no se ejecutan
A la discusión sobre el destino del dinero se agrega otro elemento: la subejecución presupuestaria.
Según los datos recopilados, el monto acumulado asignado durante el período alcanzó RD$2,218,586 millones, mientras que la ejecución reportada fue de RD$2,065,108 millones.
El documento cifra además en RD$43,595 millones el monto subejecutado durante esos diez años, aunque las cifras presentadas para los distintos períodos contienen diferencias metodológicas que aconsejan revisar los informes presupuestarios originales antes de establecer un balance definitivo.
El punto central, no obstante, permanece: no basta con conseguir y asignar recursos; también hay que ejecutarlos con oportunidad, eficiencia y capacidad de producir resultados.
El director ejecutivo del Observatorio Educativo, Juan Valdez, ha cuestionado precisamente la calidad del gasto y ha planteado que una parte importante de los recursos no necesariamente se dirige hacia las áreas sustantivas de la educación.
La pregunta que permanece
Después de una década de presupuestos multimillonarios, la discusión sobre la educación dominicana ya no puede reducirse a cuánto dinero recibe el Ministerio.
La pregunta fundamental es otra:
¿Qué obtiene el estudiante dominicano a cambio de esos recursos?
Porque el presupuesto se expresa en billones, pero la calidad educativa se mide en algo mucho más concreto: escuelas en condiciones adecuadas, docentes respaldados, materiales disponibles, aprendizaje efectivo, estudiantes preparados y comunidades que puedan comprobar que la inversión pública está cambiando su realidad.
La educación dominicana ha dispuesto de recursos sin precedentes. El desafío ahora consiste en demostrar que esos recursos no se quedan únicamente en las cuentas de ejecución presupuestaria, sino que llegan al aula y se convierten en resultados.
Ese es, probablemente, el verdadero balance que todavía está pendiente.
