Santo Domingo, RD. –
El sector educativo rechaza la propuesta de reforma educativa que promueve el Gobierno y advierte que la educación no puede quedar bajo el control de grupos económicos ni de intereses privados que busquen convertirla en una mercancía.
Durante el Primer Seminario Nacional por una Verdadera Reforma Educativa, organizado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, denunció que las discusiones sobre la transformación del sistema educativo se realizan “a puertas cerradas” y sin la participación efectiva de docentes, estudiantes y comunidades.
Hidalgo cuestionó las consultas promovidas por las autoridades, calificándolas de “farsa”, debido a que excluyen a los principales actores del sistema educativo y a diversas organizaciones sociales.
El dirigente gremial exigió una verdadera consulta ciudadana y fijó posición contra el Decreto Presidencial 309-26, al considerar que las decisiones sobre el futuro educativo del país deben tomarse de manera participativa y transparente.
“El modelo educativo que hoy se discute definirá el tipo de ciudadanía y de sociedad que tendrá el país en el futuro”, expresó Hidalgo, quien reiteró que “la educación no se negocia, la educación no es una mercancía”.
Alertan sobre autonomía universitaria
Por su lado, Pastor de la Rosa alertó que la intención de unificar los fondos del Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior (Mescyt), el Infotep y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) bajo una misma estructura financiera pondría en riesgo la autonomía universitaria y favorecería la privatización de la educación pública, técnica y superior.
“Lo que se pretende imponer niega derechos consagrados en la Constitución y entrega el presupuesto educativo al poder empresarial”, afirmó.
En el encuentro participaron organizaciones sociales, feministas, académicas y comunitarias que también expresaron su rechazo a la posible unificación de los ministerios de Educación y Educación Superior, por considerar que representa una amenaza para la educación pública y la soberanía educativa nacional.
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