El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia de diez años de reclusión contra Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Beato Dionicio recibió la condena tras el tribunal hallarlo culpable de estafar a múltiples empresarios mediante la simulación de contratos institucionales.
Según el expediente acusatorio, el exempleado aprovechando su posición jerárquica, utilizaba el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC para captar suplidores de alimentos.
Según el expediente, el procesado recibía las mercancías bajo la premisa de que eran para el sistema penitenciario y luego procedía a revenderlas a comerciantes en la provincia de San Cristóbal.
Una condena ejemplar contra la corrupción
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró la condena por estafa DGSPC como un paso positivo en la lucha contra la impunidad.
Aunque el Ministerio Público había solicitado originalmente una pena de 20 años, la fiscalía destacó que este fallo sirve de advertencia para todos los servidores públicos.
Puntos clave del expediente acusatorio:
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Modus Operandi: El acusado falsificaba documentación pública oficial para generar confianza en sus víctimas y obtener los productos alimenticios.
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Pruebas Contundentes: La acusación, de 112 páginas, contó con un robusto bloque probatorio que incluyó 60 pruebas documentales y 25 testimoniales.
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Impacto Institucional: Beato Dionicio operaba desde una posición de confianza institucional para defraudar al sector privado y dañar la reputación de la Procuraduría General de la República.
Detalles del proceso judicial
Los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez basaron su decisión en las pruebas periciales y materiales que demostraron la responsabilidad penal del ex funcionario.
Beato Dionicio cumple actualmente prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, lugar donde también se han procesado otros casos de corrupción administrativa.
La acusación fue presentada en noviembre de 2025 por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien ha liderado los procesos de mayor envergadura contra la corrupción estatal en los últimos años.
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