El Gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional la confiscación de una aeronave de uso presidencial en República Dominicana por parte de autoridades estadounidenses, cuyo incidente es calificado por Caracas de acción «criminal» y «piratería».
El canciller venezolano, Yván Gil, publicó un comunicado oficial, en el que afirmó: «Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República».
En ese sentido, advierte sobre las implicaciones más amplias de esta acción, señalando que «esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional».
Además, acusa a los Estados Unidos de utilizar su «poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de la República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos».
El Gobierno venezolano criticó a los Estados Unidos, calificando el incidente como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Advirtió que «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política de sanciones impuestas por Estados Unidos.
No es una acción aislada
Las autoridades venezolanas vinculan esta medida con una serie de acciones hostiles que, según afirman, se han intensificado desde la reelección de Maduro el pasado 28 de julio. En esta perspectiva, la confiscación del avión es una respuesta política al reciente triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro.
La situación plantea la reiteración sobre la sistemática violación de la soberanía nacional, mientras se espera ver si Venezuela procederá con acciones legales concretas y cómo responderá la comunidad internacional a este conflicto diplomático
Según informes de medios estadounidenses, el avión fue trasladado al estado de Florida. La agencia de noticias TASS reporta que en la operación participaron funcionarios del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU., entre otras agencias.
Por otra parte, el hecho ha sido condenado por naciones de la región. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lo calificó de fraudulento e ilegal a través de un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X.
«Este acto de piratería es violación de Derecho Internacional por parte del Gobierno EE.UU., que usa impunidad para cometer estas acciones bajo justificación de arbitrarias medidas coercitivas unilaterales», sostuvo.
