Varias organizaciones de drechos humanos, condenaron lo que calificaron como una acción que vulner derechos, los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora La Altagracia, en el Municipio de Higüey, en que agntes migratorios se presentaron a ese centro de salud para detener a mujeres embarazadas.
La condena la hacen el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) y el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
Señalan que este jueves, agentes de la Dirección General de Migración (DGM), sin orden alguna, entraron al citado hospital de la zona Este del país, a requisar a todas las personas de color, que pudieran parecer haitianas.
Además, denuncian que una vez en el centro de salud, agentes migratorios procedieron a sacar de sus habitaciones a mujeres embarazadas, recién paridas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, a las que montaron en una «cárcel móvil», tipo camión, para enviarlas a un centro de detención.
Indican que estos hechos se suman a una seria de vulneraciones y arrestos arbitrarios que ponen en evidencia una política enfocada en perseguir a los migrantes haitianos sin respetar el debido proceso ni la dignidad humana, así como violentando la constitución, la ley de migración, el reglamento de aplicación de la ley 285-04, y los pactos y convenios internacionales.
«Es inaceptable que desde la Dirección General de Migración (DGM), en su proceso de perseguir la inmigración ilegal, ignore su propio reglamento de aplicación, que establece en su artículo 134 que, “la detención se inicia con la expedición de una orden de detención por parte del Director General de Migración, o bien como un paso posterior a la verificación de la condición migratoria ilegal de una persona, siendo este el último recurso a ser aplicado, de modo que la autoridad migratoria solo la utilizará en caso de que se estimen insuficientes los demás recursos establecidos. La detención nunca se utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.
Afirman que estos actos, evidentemente, constituyen una violación a los derechos humanos, las normas nacionales y tratados internacionales, relativos a las personas migrantes.
Llamado a Abinader
Las organizaciones llaman al presidente de la República, Luis Abinader, como jefe de la política migratoria del país, a ordenar a la Dirección General de Migración (DGM), a que detenga estas prácticas ilegales y que se acojan al debido proceso que establece la Constitución, las leyes, pactos y convenios internacionales.
Recuerda que el acceso a la salud es un derecho humano y universal, ya que si bien es cierto que el Estado dominicano tiene derecho aplicar las normas para regular la migración en el país, no es menos cierto que se debe garantizar el respeto a la dignidad del ser humano, por lo que ninguna acción ilegal realizada desde el Estado es justificable.
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