Santo Domingo.- Organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico rechazan el que califican de «abusivo» aumento de la Tarifa Eléctrica a los consumidores.
Se quejan porque mientras a los menos pudientes se les aumenta el coste de la tarifa eléctrica, el gobierno dispone rebajas a favor de los grandes usuarios y compradores de electricidad, castigando brutalmente la economía popular, como han dispuesto recientemente las autoridades de la Superintendencia de Electricidad.
Este “Palo acechao” es inaceptable para las familias y el pueblo consumidor.
Señalan que esta es solo una muestra de las verdaderas intenciones con que se simuló la firma de un documento de Pacto Eléctrico, viciado de ilegalidad y de irregularidades institucionales, que solo pretendían asegurar impunidad a la estafa de Punta Catalina y garantizar el negocio de los grandes generadores y compradores de electricidad.
«El verdadero objetivo de simular el Pacto Eléctrico en febrero pasado, ha quedado al desnudo con la decisión de elevar la tarifa al consumidor, asegurar los negocios de los generadores y grandes compradores de energía y facilitar impunidad en la estafa de Punta Catalina. Es claro que no hubo ni hay Pacto Eléctrico», exponen en nota enviada a #LaLupaDelSur.
Considera que este ha sido un proceso sucesivamente abortado, pero que ahora se vuelve sobre lo mismo, solo cediendo a las presiones de los grupos monopólicos del sector generador y de los grandes compradores de electricidad.
Las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso del Pacto Eléctrico, cuestionan tanto la forma en que fue “firmado” como el contenido incompleto del referido documento de Pacto Eléctrico.
«Esas situaciones nos llevaron a no firmar el citado pacto. No se ha respetado el debido proceso, violentando nuestro derecho a la participación y, por tanto, irrespetando la constitucionalidad del Pacto, Observan.
«Y ahora es peor porque se vuelve a violentar la institucionalidad del Consejo Económico y Social, pues sin que este haya aprobado formalmente, se anuncia un Decreto del Poder Ejecutivo, indicando la supuesta aprobación de un REGLAMENTO DEL PACTO ELÉCTRICO, que no fue refrendado por el Sector Social legítimamente representado en la Comisión de Veeduría del CES, en la Comisión Ejecutiva y los restantes órganos de dirección del CES», afirman.
Manifiestan que, «Todo está claro: la pública aceptación por parte del gobierno, en voz de las autoridades del sector y del propio Presidente de la República, al afirmar que “el Pacto Eléctrico debía ser completado”, es el mejor testimonio de que el contenido del documento del Pacto excluye los elementos claves propuestos por el Sector Social y que fueron calificados como disensos pendientes o simplemente omitidos».
Solicita públicamente, ante el trato que se da a los diferentes sectores de la sociedad civil, empeñados en hacer aportes para la construcción de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, ser escuchados por las instancias habilitadas para construir consensos y concertación en la sociedad, siempre con el firme propósito de defender los intereses de la ciudadanía y los bienes públicos de todos y todas.
Afirman que el Pacto Eléctrico será un claro ejemplo de lo que podríamos esperar de los debates y discusiones sobre reformas y políticas públicas respecto de los diversos temas de interés para gobernantes y gobernados en la República Dominicana, incluidos los propuestos por el propio Presidente de la República.
Estas declaraciones la ofrecen Trajano Potentini y Guadalupe Valdez, frente a las instalaciones de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en representación de las entidades más abajo firmantes:
Foro Ciudadano (FC), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa y Comunitaria (IDEAC), Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECON), Articulación Nacional Campesina (ANC), Ciudad Alternativa, Asociación Nacional de Comerciantes Detallistas, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD), Federación Nacional de Asociaciones Discapacidad (FENADIS), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CONDETRE), y la Hermandad de Pensionados de la CDEEE (HEPEJCODE).
