SECTOR AGROPECUARIO | PREOCUPACIÓN POR EL DR-CAFTA
MONTECRISTI, RD. –
Productores de arroz de Montecristi advirtieron sobre los riesgos que representa para la economía provincial la entrada de arroz estadounidense sin aranceles, y exigen al Gobierno del presidente Luis Abinader medidas que permitan preservar la competitividad de la producción nacional.
Las asociaciones de productores, representantes de factorías, molineros y trabajadores agrícolas expresaron su preocupación por el futuro de una actividad que, según sus estimaciones, genera alrededor de 15,000 empleos directos e indirectos en Montecristi y moviliza más de RD$10,000 millones anuales.
El reclamo fue planteado durante una concentración realizada en Villa Copa, municipio de Villa Vásquez, donde agricultores pequeños y grandes coincidieron en que la apertura comercial no solo afecta la rentabilidad de las cosechas, sino también a los negocios y las familias que dependen de la cadena productiva.
A la actividad acudieron productores de Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y San Fernando de Montecristi, así como representantes nacionales de organizaciones arroceras.
Los participantes sostienen que el debate no se limita a permitir o restringir las importaciones, sino a establecer condiciones de competencia que tomen en cuenta las diferencias entre los productores dominicanos y estadounidenses.
“Confiamos en la gestión que está realizando el presidente de la República, pero cada momento tendrá sus decisiones”, expresó Rubén Sosa, productor arrocero de la zona, al referirse a las expectativas del sector sobre las respuestas de las autoridades.
Montecristi depende de la actividad arrocera
Sosa afirmó que la provincia cuenta con aproximadamente 311,000 tareas dedicadas al cultivo de arroz, en las que participan unos 5,988 productores y se generan alrededor de 15,000 empleos directos e indirectos.
Según sus estimaciones, Montecristi produce unos tres millones de fanegas al año y la actividad económica vinculada al cereal supera los RD$10,000 millones.
El impacto de una eventual reducción de la producción no se limitaría a las fincas. Las factorías, el transporte de carga, los proveedores de insumos, los comerciantes y los pequeños negocios también dependen de los ingresos que genera cada ciclo agrícola.
Los productores recordaron que la sequía que afectó las cosechas entre 2015 y 2016 provocó, según sus estimaciones, el cierre o deterioro de más del 60 % de los comercios de la provincia.
Afirmaron que algunos agricultores tardaron años en recuperarse de las pérdidas, mientras otros tuvieron que entregar sus parcelas a entidades financieras por las dificultades para cumplir con sus compromisos económicos.
Estas cifras no fueron acompañadas de registros económicos independientes en las informaciones suministradas, por lo que requieren verificación. No obstante, los testimonios reflejan la preocupación de los productores por la dependencia económica de la provincia respecto del cultivo.
Los representantes del sector también señalaron que Montecristi dispone de pocas alternativas industriales capaces de absorber la mano de obra que podría quedar desplazada si disminuye la rentabilidad de la actividad arrocera.
Exigen claridad sobre las importaciones
Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), pidió una solución que permita al sector enfrentar los desafíos derivados del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Rodríguez sostuvo que el presidente Abinader conoce la importancia económica y social de la producción arrocera y recordó que, según indicó, el mandatario había asumido personalmente el compromiso de dar seguimiento a las negociaciones comerciales.
“El presidente está claro de lo que significa el sector arrocero en República Dominicana, lo que somos los productores, lo que es la industria, lo que es la economía”, manifestó.
El dirigente señaló que las decisiones sobre la apertura comercial deben considerar sus efectos sobre el empleo rural, la industria molinera y las comunidades que dependen de la producción agrícola.
La controversia se produce tras la derogación del Decreto 693-24, disposición que, según los productores, formaba parte del esquema de protección del sector. Los arroceros reclaman que las autoridades expliquen con claridad las reglas que se aplicarán a las importaciones y las condiciones en que deberán competir los productores locales.
El sector espera que las nuevas disposiciones contemplen mecanismos que permitan una transición ordenada y eviten que la apertura comercial provoque una reducción significativa de la producción nacional.
ADOFA advierte sobre la soberanía alimentaria
Heraldo Suero, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), afirmó que la discusión debe abordarse desde una perspectiva que trascienda los intereses económicos particulares e incluya la capacidad del país para garantizar el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la población.
“Lo que está en juego aquí en el país es la soberanía alimentaria. Es el privilegio de producir en estas tierras el alimento de primera necesidad en el cual somos autosuficientes”, sostuvo.
Suero advirtió que una entrada masiva de arroz importado podría debilitar la producción local, al considerar que las industrias dominicana y estadounidense operan bajo estructuras productivas diferentes.
“No puede entrar arroz importado masivo por las aduanas. Eso destruye la producción nacional porque es una competencia asimétrica”, afirmó.
El representante de ADOFA expresó su confianza en que las autoridades dominicanas y sus socios comerciales encuentren una salida que tome en cuenta las particularidades del sector arrocero y su importancia para la seguridad alimentaria.
Los productores consideran que mantener una capacidad nacional sólida permite reducir la dependencia del mercado internacional ante posibles crisis, interrupciones de las cadenas de suministro o aumentos de los precios externos.
Una actividad que impacta a todo el país
La preocupación de Montecristi forma parte de un debate nacional sobre el futuro de la producción arrocera y las consecuencias de la apertura comercial.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por representantes del sector, la actividad involucra entre 30,000 y 32,000 productores en República Dominicana, genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos y moviliza entre RD$45,000 millones y RD$50,000 millones al año.
Los productores también atribuyen al arroz entre el 12 % y el 13 % del aporte agropecuario nacional. Estas estimaciones requieren contrastarse con estadísticas oficiales para precisar los períodos, las definiciones y las metodologías utilizadas.
El cultivo se desarrolla en más de 21 provincias y sostiene una cadena que incluye preparación de terrenos, siembra, cosecha, procesamiento industrial, transporte y comercialización.
Por ello, los arroceros advierten que una contracción del sector tendría efectos que irían más allá de las pérdidas en las fincas, con posibles repercusiones en el empleo, el crédito agrícola, el comercio y los ingresos de las familias rurales.
El reclamo de Montecristi coloca al Gobierno ante un desafío: cómo cumplir los compromisos comerciales y favorecer precios competitivos para los consumidores sin debilitar una producción nacional estratégica para el empleo y la seguridad alimentaria.
