SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
SANTO DOMINGO, RD. –
El Movimiento Popular Dominicano (MPD) advirtió al Gobierno y a las autoridades judiciales que la criminalidad no puede enfrentarse mediante el uso excesivo de la fuerza ni al margen de los procedimientos legales, al tiempo que cuestionó las muertes de civiles ocurridas en los denominados «intercambios de disparos» con agentes de la Policía Nacional.
En un documento firmado por su Comisión Política, la organización de izquierda afirmó que más de 50 civiles murieron durante septiembre en hechos de esta naturaleza y que, según sus registros, los fallecidos durante 2026 superan los 180 en todo el territorio nacional.
Estas cifras corresponden -según el recuento presentado por el MPD- los cuales no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre las circunstancias de cada muerte.
El MPD sostuvo que cuando agentes encargados de garantizar la seguridad recurren, según su planteamiento, a violencia ilegítima, abusos de autoridad o actuaciones al margen de los procedimientos legales, el problema trasciende el ámbito policial.
La organización citó como referencia las declaraciones recientes de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y planteó que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana dentro del marco constitucional y legal.
MPD reclama límites al uso de la fuerza
El Movimiento Popular Dominicano señaló que, aunque el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, su utilización está limitada por la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
En ese contexto, cuestionó actuaciones policiales que, según su posición, puedan incluir abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones o fabricación de evidencias.
«La autoridad policial no puede convertirse en una licencia para matar, golpear, torturar, extorsionar, detener arbitrariamente o fabricar evidencias», sostiene el documento del MPD.
La organización consideró que cuando ocurren actuaciones de esa naturaleza y no son investigadas adecuadamente, se afecta la confianza de la población en las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
El planteamiento del MPD ocurre en momentos en que el accionar policial ha generado un debate público sobre los límites del uso de la fuerza. Un recuento difundido a finales de septiembre registraba 37 muertes en supuestos intercambios de disparos durante los primeros 28 días del mes, mientras que organizaciones de derechos humanos cuestionaron esos hechos.
Las causas de la criminalidad
El MPD planteó que la delincuencia tampoco debe analizarse exclusivamente desde la conducta individual de quienes cometen delitos.
La organización señaló entre los factores que, a su juicio, deben ser estudiados la desigualdad económica, pobreza, desempleo, precariedad laboral, exclusión social, debilidades educativas, desintegración familiar, consumo de drogas, economías ilícitas, falta de oportunidades para la juventud y debilidades institucionales.
También mencionó la corrupción, la impunidad y la posible complicidad de determinadas estructuras como condiciones que pueden favorecer el desarrollo de redes criminales.
El MPD aclaró que reconocer estos factores, según su posición, no significa justificar los delitos ni eliminar la responsabilidad individual, sino abordar las condiciones que pueden favorecer su reproducción.
Cuestiona tratamiento de los delitos económicos
La organización también llamó la atención sobre la denominada delincuencia de cuello blanco, vinculada, según explicó, con delitos cometidos desde posiciones empresariales, profesionales, financieras o institucionales.
Entre estos citó fraude, corrupción, apropiación indebida, evasión fiscal, lavado de activos y utilización fraudulenta de recursos públicos.
El MPD sostuvo que una política de seguridad debería perseguir tanto los delitos convencionales como aquellos vinculados a estructuras económicas y de poder, sin establecer diferencias basadas en la posición económica o social de quienes los cometen.
Reclama investigaciones independientes
Otro de los puntos planteados por la organización es la necesidad de investigar con independencia los casos en que agentes policiales estén involucrados en hechos presuntamente delictivos.
El MPD consideró que estos casos requieren investigación independiente, debido proceso, identificación de responsabilidades individuales y aplicación de sanciones conforme a la ley.
La organización señaló que la situación adquiere mayor complejidad cuando miembros de la institución encargada de perseguir el delito son, al mismo tiempo, objeto de investigación.
«Seguridad con derechos»
El MPD sostuvo que una Policía profesional no debe ser evaluada únicamente por la cantidad de personas detenidas o de operativos realizados, sino también por su capacidad para prevenir e investigar delitos, respetar el debido proceso y proteger la vida.
«La sociedad dominicana necesita seguridad, pero necesita seguridad con derechos», plantea la organización.
En su documento, el partido de izquierda propone combinar prevención social, investigación criminal, fortalecimiento institucional y persecución efectiva del delito, junto con mecanismos independientes para investigar posibles abusos cometidos por agentes del Estado.
Finalmente, el MPD sostuvo que la seguridad ciudadana y el respeto a la ley no son objetivos contradictorios y llamó a las autoridades a enfrentar la criminalidad dentro del Estado de derecho.
