SANTO DOMINGO, RD. –
Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva contra otro de los hombres vinculados a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación XL526, acusada de extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos desde República Dominicana.
La medida fue impuesta a solicitud del Ministerio Público contra Argenis Natanael Peña Cabrera, quien enfrenta cargos por supuesto lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología.
El caso fue declarado complejo por la pluralidad de imputados y víctimas, así como por la naturaleza de la estructura investigada.
Acusado de lavar dinero proveniente de estafas
De acuerdo con la acusación, Peña Cabrera habría recibido y utilizado recursos provenientes de actividades ilícitas y posteriormente desarrollado mecanismos para ocultar y dar apariencia legal al dinero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado realizó transferencias bancarias y movilizó dinero en efectivo para estratificar los fondos y convertirlos en bienes y derechos.
Entre los bienes que, según la acusación, habría adquirido figuran viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos, cuya procedencia no habría podido justificar conforme a su perfil económico.
La investigación también detectó movimientos financieros relacionados con la recepción de dólares mediante remesas y otras operaciones con divisas que, según la Fiscalía, no guardarían correspondencia con una actividad económica lícita relevante.
Más de 700 elementos de prueba
El expediente presentado por el Ministerio Público está sustentado en más de 700 elementos probatorios, entre ellos evidencias testimoniales, periciales y documentales.
La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso la prisión preventiva.
Además de Peña Cabrera, otras personas son procesadas por su presunta vinculación con la estructura criminal y cumplen distintas medidas de coerción.
Red utilizaba tecnología para extorsionar
Según la investigación, la organización tenía su base operativa en Jacagua, provincia Santiago, y utilizaba herramientas tecnológicas y el dominio del idioma inglés para contactar a sus víctimas.
El supuesto esquema comenzaba con la captación de personas mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, los integrantes de la red habrían utilizado extorsión y chantaje para obtener dinero.
La acusación señala que algunos imputados se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales, incluido el denominado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las víctimas.
Como mecanismo de presión, supuestamente enviaban imágenes de crímenes violentos y exigían pagos a cambio de evitar consecuencias contra las personas amenazadas.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.
Utilizaban criptomonedas y transferencias
Los recursos obtenidos mediante las presuntas estafas eran posteriormente movilizados a través de diferentes mecanismos financieros y tecnológicos.
Entre estos figuran Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago, según la investigación.
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 sobre armas y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Operación XL526
La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio, cuando un equipo integrado por 35 fiscales realizó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones contaron con la participación de organismos especializados de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura investigada se dedicaba de manera sistemática a estafas, extorsiones, chantajes y obtención ilícita de fondos, para posteriormente transferir, ocultar y blanquear los capitales obtenidos.
La investigación continúa abierta mientras las autoridades profundizan en la presunta red y determinan la responsabilidad individual de cada uno de los imputados.
