SANTO DOMINGO, RD. –
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Wirme Manuel Geraldo, imputado por el Ministerio Público por el feminicidio de su pareja, Yanely Yohanna Soto, ocurrido en el sector San Carlos.
Geraldo deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió en una banca de lotería donde laboraba la víctima. El expediente sostiene que el imputado se presentó al establecimiento y esperó hasta que Soto concluyera su jornada laboral, para posteriormente agredirla con un objeto contundente y abandonar el lugar.
La mujer fue encontrada al día siguiente por una compañera de trabajo, quien acudió al establecimiento después de notar que Soto no había realizado los reportes habituales en el sistema.
Al ingresar al negocio, la encontró tirada en el suelo y ensangrentada, por lo que procedió a alertar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Soto fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones. Falleció el 12 de septiembre de 2026.
Ministerio Público califica el caso como feminicidio
El órgano persecutor otorgó al caso, de manera provisional, la calificación jurídica establecida en el artículo 93 del nuevo Código Penal Dominicano, Ley 74-25, correspondiente al feminicidio.
El artículo 93 establece el feminicidio como el hecho que cause la muerte de una mujer en razón de ser mujer y contempla una pena de 30 a 40 años de prisión mayor, además de multa.
Para solicitar la prisión preventiva, el Ministerio Público argumentó que existen elementos de prueba que vinculan al imputado con los hechos investigados y que existe riesgo de fuga.
Geraldo fue arrestado mediante orden judicial y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena fijó para el 17 de diciembre de 2026 la revisión obligatoria de la medida de coerción.
