SANTO DOMINGO.-
El Ministerio Público solicitó imponer un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, desplegada la semana pasada contra una presunta estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas contra residentes en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que además pidieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados, víctimas y delitos investigados.
Cabecillas y miembros de la red
Entre los señalados como cabecillas de la organización figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La instancia fue depositada ante la jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a fiscales de Santiago y de la Dirección de Persecución.
Operación XL526 desmanteló estructura criminal
La Operación XL526 fue ejecutada mediante 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y el apoyo de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Según el Ministerio Público, la organización operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban herramientas tecnológicas para cometer delitos de alta complejidad.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas afectadas por las operaciones de la red.
Estafas, chantajes y lavado de activos
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la estructura captaban víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje, siguiendo guiones previamente diseñados por los cabecillas.
Los imputados presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, incluyendo el denominado “Cartel de Sinaloa”, para intimidar a las víctimas y exigirles pagos bajo amenazas.
El expediente indica que enviaban imágenes violentas y mensajes intimidatorios con el propósito de generar temor y obtener dinero de manera ilícita.
Uso de criptomonedas y transferencias
El Ministerio Público sostiene que los fondos obtenidos mediante las estafas eran canalizados a través de diversos mecanismos financieros para ocultar su origen.
Entre los métodos utilizados figuran criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas digitales de pago.
Las autoridades atribuyen a los imputados delitos de asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
La investigación continúa abierta mientras el órgano acusador procura profundizar las pesquisas sobre el alcance de esta presunta red de crimen organizado internacional.
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