SANTO DOMINGO, RD. –
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) llamó al Congreso Nacional a garantizar un proceso de discusión amplio, transparente y participativo en torno a la reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social, al considerar que se trata de una legislación de alto impacto para millones de dominicanos.
La posición fue expresada por el presidente de la entidad, Feliciano Lacen, quien sostuvo que, aunque la Constitución otorga al Poder Legislativo la facultad de crear, modificar y aprobar leyes, el debate no puede desarrollarse al margen de la ciudadanía y de los sectores representativos del país.
“No podemos continuar con una ley que parece enemiga de quienes deberían ser los verdaderos representados y beneficiados por ella”, afirmó Lacen al referirse a las críticas que diversos sectores han formulado contra el actual sistema de seguridad social.
El dirigente evangélico advirtió que cualquier modificación que se impulse sin la participación de la sociedad civil y los sectores vivos de la nación corre el riesgo de carecer de legitimidad y enfrentar un amplio rechazo social.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento del marco regulatorio vigente, al que definió como un esquema en el que los ciudadanos resultan perjudicados mientras otros actores mantienen amplias ventajas.
Según explicó, en el sistema actual las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) concentran importantes beneficios, mientras que los afiliados continúan expresando insatisfacción por los servicios recibidos y las condiciones de acceso a las prestaciones.
“Bajo el marco de esta ley, el pueblo dominicano se siente exprimido, como si estuviéramos atrapados en un extractor de frutas”, manifestó Lacen, al reiterar la necesidad de que la reforma priorice los intereses de los trabajadores, pensionados y familias dominicanas.
El presidente de CODUE insistió en que la transformación de la Ley 87-01 debe construirse mediante el consenso y la concertación nacional, de manera que las decisiones adoptadas respondan a las necesidades reales de la población y fortalezcan la confianza en el sistema de seguridad social.
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