Santo Domingo, RD. –
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, de manera unánime, el proyecto que modifica la Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo de la República Dominicana, una pieza considerada por distintos sectores como una de las reformas más importantes debatidas en los últimos años en materia laboral.
La información fue destacada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria No. 21 de la Primera Legislatura Ordinaria de 2026, resaltando el consenso alcanzado entre las distintas bancadas legislativas.
La iniciativa busca actualizar varios aspectos del régimen laboral dominicano frente a los nuevos desafíos económicos, tecnológicos y sociales, así como fortalecer derechos y mecanismos de regulación entre empleadores y trabajadores.
Aunque el texto aprobado deberá continuar el proceso legislativo correspondiente, la discusión del nuevo Código de Trabajo ha generado amplio debate entre empresarios, sindicatos y sectores productivos del país, especialmente en temas relacionados con cesantía, jornadas laborales, teletrabajo y garantías laborales.
Diversas organizaciones sindicales habían reclamado durante años una modernización de la legislación laboral, argumentando que muchas disposiciones del actual Código resultaban desfasadas frente a la realidad del mercado de trabajo.
Por su parte, sectores empresariales han insistido en la necesidad de que cualquier reforma preserve la competitividad, la generación de empleos y la estabilidad económica.
El presidente de la Cámara Baja valoró el respaldo unánime otorgado por los legisladores, señalando que el consenso evidencia la importancia de adecuar el marco jurídico laboral a las nuevas dinámicas sociales y económicas de República Dominicana.
La aprobación del proyecto ocurre en medio de discusiones nacionales sobre reformas estructurales impulsadas desde distintos ámbitos del Estado y sectores sociales.
El Código de Trabajo vigente en República Dominicana corresponde a la Ley 16-92, promulgada hace más de tres décadas, razón por la cual diferentes sectores consideraban necesaria una revisión y actualización integral de la normativa.
