Santo Domingo, RD.–
En medio de las protestas contra la explotación minera en la loma Los Romeros, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26 con el objetivo de fortalecer el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan).
Las disposiciones se producen en un contexto de paralización total por 24 horas en la provincia San Juan de la Maguana, donde sectores sociales rechazan la explotación de oro en la Cordillera Central.
Los decretos establecen la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan, así como la designación de Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo.
El Plan San Juan, creado en 2022, tiene como objetivo transformar la economía de la región bajo un enfoque de desarrollo sostenible, maximizando el uso de sus recursos productivos.
Integración de la comisión
La comisión estará presidida por el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana e integrada por entidades como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola de la Republica Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto del Tabaco y la Junta Agroempresarial Dominicana.
También participarán representantes de la gobernación provincial, asociaciones de productores, ganaderos y organizaciones como la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, además del alcalde del municipio cabecera.
Funciones del Plan San Juan
El plan busca liderar la transformación económica regional mediante la ejecución de proyectos de infraestructura como sistemas de riego, centros de acopio y naves de zonas francas.
Asimismo, contempla la articulación entre sectores público y privado, el apoyo a pequeños productores mediante financiamiento y asistencia técnica, y la promoción de encadenamientos productivos que generen empleo.
Rol de la Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva será responsable de coordinar la ejecución de proyectos, administrar fondos, supervisar obras y garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
También deberá mantener registros georreferenciados de las unidades productivas, coordinar asistencia técnica y rendir informes periódicos sobre los avances del plan.
La medida se produce en medio de tensiones sociales en la provincia, donde distintos sectores mantienen su rechazo a la actividad minera por sus posibles impactos ambientales y sobre los recursos hídricos.
