La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Frente Amplio anunció que recurrirá la sentencia sobre el Parque Jaragua emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), al considerar que la decisión constituye un atentado contra la soberanía ambiental del Estado dominicano.
La organización política sostiene que el fallo ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua bajo el argumento de “supuestos derechos de propiedad” vinculados a herederos de antiguos testaferros de la dictadura trujillista, lo que —afirman— ignora el carácter estratégico, ecológico y jurídico de esa área protegida.
“El Frente Amplio advierte que ningún tribunal puede, mediante sentencia, reducir o alterar los límites de un parque nacional”, expresó la comisión en un comunicado, al recordar que cualquier modificación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe realizarse mediante ley orgánica aprobada por mayoría calificada del Congreso Nacional, conforme al orden constitucional vigente.
Riesgo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
La entidad política denunció que la sentencia sobre el Parque Jaragua abre un precedente peligroso que podría desatar reclamaciones privadas sobre otras áreas protegidas del país, afectando la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Según el Frente Amplio, la decisión judicial favorece intereses económicos particulares por encima del bien común, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales establecidos en la Constitución dominicana.
Advirtieron que permitir este tipo de fallos pondría en riesgo extensas zonas de alto valor ecológico, debilitando el marco legal que protege el patrimonio natural de la nación.
Acciones legales
Finalmente, la organización informó que agotará todos los recursos legales disponibles para impugnar la sentencia sobre el Parque Jaragua, con el objetivo de evitar que se consolide una jurisprudencia que, a su juicio, legitime el despojo del patrimonio ambiental del país.
“El patrimonio ambiental no puede quedar sujeto a decisiones que contradigan la Constitución y el interés colectivo”, concluyó la comisión.
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