El presidente Luis Abinader designó a Rafael Evaristo Santos Badía como nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mediante el Decreto núm. 84-26, pasando así de la dirección general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) a encabezar la política de educación superior del país.
Santos Badía, quien asume su nueva función, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) y técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Además, cuenta con diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.
Docente y reconocido experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, posee una amplia trayectoria en los ámbitos legislativo, educativo y de la concertación social, lo que ha marcado su desempeño en la gestión pública.
En su hoja de servicios destaca su labor como diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, período en el que integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados. También participó en la formulación del Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.
Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido distinguido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, entre otros reconocimientos.
Nuevo contralor general
Mediante el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM.
Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público.
El decreto presidencial deroga disposiciones y artículos anteriores relacionados con las funciones ahora reasignadas y fue remitido a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
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