El Secretariado del Partido Comunista del Trabajo (PCT) condenó la sentencia núm. 0030-1643-2025, emitida el pasado 20 de noviembre por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), al considerar que constituye un grave atentado contra el patrimonio nacional y la soberanía ambiental de la República Dominicana.
Según la organización política, la decisión judicial pretende despojar al Estado dominicano de más de 28 millones de metros cuadrados ubicados dentro del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes del país, lo que calificó como un verdadero “atraco al país”.
El PCT afirmó que la sentencia solo puede explicarse por la existencia de un andamiaje jurídico que favorece la impunidad, la actuación de intereses de “cuello blanco” y prácticas judiciales que —asegura— se colocan de espaldas al interés público y al mandato constitucional de proteger el patrimonio natural.
Desde el punto de vista legal, la organización sostuvo que el fallo abre la puerta a acciones judiciales contra los jueces que lo sustentan y contra los beneficiarios directos, al recordar que los límites de un parque nacional no pueden ser modificados por decisiones administrativas o judiciales.
«Sino únicamente mediante una ley aprobada por las dos terceras partes de la matrícula del Congreso Nacional, conforme establece el artículo 112 de la Constitución, al tratarse de una ley orgánica», expone.
El Partido Comunista del Trabajo advirtió que el conflicto trasciende el ámbito jurídico y adquiere una dimensión política de alta gravedad, ya que podría sentar un precedente peligroso para la revisión de confiscaciones históricas vinculadas a la dictadura trujillista, alimentando intentos de rehabilitación del trujillismo y de corrientes ultraconservadoras interesadas en reescribir la historia nacional.
Asimismo, alertó que, de prosperar esta decisión, se pondría en riesgo todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por los reiterados intentos que, a lo largo del tiempo, han buscado desmontarlo para beneficiar intereses privados en detrimento del medio ambiente y del desarrollo sostenible.
En ese sentido,, el PCT llama a la movilización de la ciudadanía, así como de los centros académicos, organizaciones de investigación, movimientos ambientalistas y la opinión pública responsable, a fin de enfrentar y derrotar la sentencia, en defensa del patrimonio natural y de la soberanía ambiental de la República Dominicana.
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